A pesar del incremento del 28,58% en las tarifas de los buses PumaKatari y ChiquiTiti, los pasajeros de La Paz siguen enfrentando demoras y deficiencias en el servicio. La Alcaldía asegura que la flota volverá a la normalidad la próxima semana, pero adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad denuncian que el aumento de precio no se traduce en una mejor atención.
El ajuste tarifario se justificó principalmente por el aumento del precio del diésel, que casi se triplicó en los últimos meses, según explicó Franco Soliz, gerente de La Paz Bus. Sin embargo, los beneficios prometidos por la Alcaldía aún no se materializan, lo que genera descontento entre los usuarios. Soliz señaló que también era necesario ajustar la tarifa para mantener el carácter social del servicio, que no había sufrido cambios significativos por más de diez años.
La falta de información sobre los nuevos precios provocó confusión, sobre todo entre quienes no tienen acceso constante a internet, como habitantes de zonas periféricas y jubilados. Rosa Quispe, comerciante de 58 años, relató que ahora paga más por esperar hasta media hora bajo el sol o la lluvia, sin haber sido informada previamente sobre el aumento. Otro pasajero, Juan Condori, jubilado de 72 años, expresó que antes pagaban poco por un servicio deficiente, y ahora sienten que pagan el doble por una experiencia igual de insatisfactoria.
Además del aumento, los usuarios denuncian que la flota y la frecuencia de buses siguen siendo insuficientes. En horarios de menor demanda, los intervalos entre unidades pueden superar los 30 minutos, mientras que en horas pico la Alcaldía asegura que la espera es de entre ocho y 12 minutos. Conductores consultados de manera anónima confirmaron que actualmente solo opera una parte de la flota, debido a la instalación de nuevos validadores que permitirán el cobro mediante código QR y tarjetas virtuales. Soliz explicó que la reducción de buses es temporal y que la próxima semana se retomará la operación completa de 110 unidades.
Los usuarios también demandan mayor transparencia y campañas informativas inclusivas. Solicitan auditorías públicas, incorporación de buses que actualmente no operan y un rediseño de rutas basado en datos reales de demanda. Mientras tanto, la percepción general es que los aumentos benefician al sistema administrativo, pero no mejoran las condiciones de quienes dependen diariamente del transporte municipal. (El Diario)