Este miércoles, el Tribunal Supremo Electoral (TSJ) encabezado por Romer Saucedo, actual presidente de dicha institución, dispuso la nulidad de la condena de 10 años en contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y ordenó su libertad inmediata a raíz de varios argumentos, entre los que destaca la retroactividad de la ley. Esto se basa en la modificación del tipo penal relacionado con resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Áñez fue detenida preventivamente en marzo de 2021 en La Paz, dentro del contexto del proceso denominado «Golpe de Estado I». Posteriormente, en 2022, fue condenada a una pena de 10 años de cárcel por su papel en la asunción irregular de la presidencia el 12 de noviembre de 2019, en el marco del caso «Golpe de Estado II».
En noviembre de 2019, luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia, ocurrida el 10 de ese mes en medio de una grave crisis política y social por acusaciones de fraude electoral, Jeanine Áñez asumió la presidencia el 12 de noviembre. Lo hizo tras un proceso en la Asamblea Legislativa en el que no se cumplió con el quórum reglamentario ni con la presencia mayoritaria de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), que tenía la mayoría parlamentaria.
Según Saucedo, la anulación de la sentencia tiene como fin asegurar que se respeten los principios del debido proceso. Al quedar sin efecto la condena, el juez encargado de la ejecución penal en La Paz deberá ordenar la liberación inmediata de la ex mandataria.
«Esto significa que la señora Áñez debe ser puesta en libertad hoy mismo», afirmó el abogado.
El proyecto de resolución, que fue presentado por el magistrado Carlos Ortega, fue discutido y aprobado por los demás miembros del TSJ en una sala plena, en el marco de un procedimiento de revisión extraordinaria de sentencias.
“Con esta resolución, se cierra el único proceso pendiente y la señora Áñez debe recuperar su libertad hoy sin más demora”, añadió Saucedo.
Por último, el presidente del TSJ resaltó el firme compromiso del Órgano Judicial con la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía: «Todos los magistrados estamos comprometidos no solo con nuestras regiones, sino con el bienestar del país. El TSJ estará siempre dispuesto a corregir los errores del pasado y a defender los derechos de las personas, actuando con total transparencia hacia la sociedad», concluyó.