El Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Órgano Judicial y el Ministerio Público suscribieron este jueves un acuerdo interinstitucional orientado a fortalecer la coordinación, la transparencia y la eficacia de los procesos electorales en el marco de las elecciones subnacionales programadas para el 22 de marzo de 2026. El pacto establece 11 compromisos que buscan garantizar la seguridad jurídica, el respeto a los derechos políticos y la confianza ciudadana en los comicios.
Entre los principales puntos del acuerdo destacan el respeto a los principios democráticos y constitucionales, asegurando la culminación efectiva de los procesos electorales y otorgando certidumbre a votantes, candidatos y partidos políticos. Además, se prioriza la protección de los derechos políticos y de participación ciudadana mediante asesoramiento, capacitación y formación conjunta entre las instituciones firmantes.
El TSE y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordaron fortalecer la cooperación interinstitucional mediante talleres y capacitación técnica para el personal electoral y judicial. Por su parte, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público desarrollarán programas de formación dirigidos a jueces electorales y servidores públicos, reforzando los protocolos y procedimientos institucionales. Asimismo, se contempla la fiscalización de la actuación de jueces y vocales para garantizar la independencia y el cumplimiento del debido proceso, con la posibilidad de aplicar acciones disciplinarias cuando corresponda.
En cuanto al TSE, se comprometió a actuar con eficiencia, eficacia y probidad, respetando el principio de legalidad y adoptando medidas preventivas de carácter administrativo electoral para proteger los derechos políticos sin interferir en las competencias del Tribunal Constitucional. Asimismo, se acordó la capacitación mutua del personal en materias electorales, constitucionales, penales y jurisdiccionales, en coordinación con el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público.
El Ministerio Público, por su parte, garantizará la atención prioritaria a denuncias sobre delitos electorales, asegurando decisiones oportunas y sanciones a quienes infrinjan la ley. Entre los compromisos finales, se exhorta a las Asambleas Legislativas Departamentales y a la Cámara de Diputados a concluir la designación de vocales en los Tribunales Electorales Departamentales de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí, a fin de asegurar la operatividad de los órganos electorales en todo el país.
El presidente del TSE, Gustavo Ávila, destacó que este acuerdo refleja la voluntad de las instituciones de justicia de trabajar de manera conjunta, promoviendo la transparencia, la seguridad jurídica y el fortalecimiento de la democracia boliviana, y afirmó que se trata de un paso fundamental para garantizar elecciones subnacionales confiables y seguras.