La Federación de Choferes de La Paz declaró estado de emergencia ante la propuesta del Gobierno de activar un seguro destinado a reparar los vehículos afectados por la distribución de combustible de mala calidad proporcionado por YPFB. El sector manifestó su preocupación por la falta de información clara y detallada sobre los términos y condiciones del seguro, señalando que no hay certeza sobre la cobertura para vehículos que ya fueron reparados por daños causados por el carburante. Ante esta situación, los transportistas exigen una convocatoria formal e inmediata para conocer todos los alcances de la medida y garantizar que los daños sean efectivamente atendidos.
El dirigente Víctor Santos Escalante afirmó que existe desconfianza respecto a la activación tardía del seguro y a las exigencias técnicas que se han establecido para realizar las reparaciones. “El sector no tiene claridad sobre cómo se va a implementar la cobertura, quiénes serán los responsables de ejecutar las reparaciones y cuáles son los plazos para que los vehículos sean atendidos. La incertidumbre genera preocupación en todos los transportistas que dependen de sus unidades para trabajar”, señaló Escalante.
De acuerdo con reportes de la Federación Primero de Mayo, solo en su sector más de 400 vehículos han presentado daños en motores, mientras que el total del parque automotor afectado en La Paz podría superar los 2,000 vehículos, especialmente en unidades de transporte público y de servicios esenciales. Los transportistas señalaron que estos daños han afectado su actividad económica, generando pérdidas significativas por días sin servicio y gastos adicionales en reparaciones.
El sector anunció que espera mantener una reunión directa con autoridades gubernamentales y representantes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos este domingo, con el fin de resolver las dudas sobre el seguro y establecer un plan concreto de reparación. En caso de que no se concrete un diálogo satisfactorio, los transportistas advirtieron que podrían iniciar medidas de presión, que incluirían un paro movilizado que afectaría la circulación en distintos sectores de la ciudad.
La situación refleja la creciente tensión entre los transportistas y el Gobierno, quienes aseguran que el problema del combustible de mala calidad ya fue resuelto. Sin embargo, la desconfianza persiste debido a la falta de transparencia en la información y la lentitud de las medidas implementadas, dejando a los choferes con incertidumbre sobre la cobertura de sus vehículos y la compensación por los daños sufridos. El sector insiste en que cualquier medida debe ser efectiva, rápida y verificable para garantizar que los transportistas puedan continuar con sus labores sin poner en riesgo sus ingresos ni la seguridad de sus pasajeros. (Los Tiempos)