El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dio inicio al Año Constitucional 2026 con un acto oficial realizado en la Casa de la Libertad, donde las nuevas autoridades marcaron una línea de quiebre con la gestión anterior y anunciaron que se activarán procesos ante la justicia ordinaria contra los magistrados que extendieron su mandato de manera irregular. El mensaje central fue la recuperación del rol del TCP como garante de la Constitución Política del Estado y la defensa del orden democrático.
Durante el acto, el magistrado Edson Dávalos sostuvo que la justicia constitucional debe responder al interés del pueblo y no convertirse en un instrumento al servicio del poder. Señaló que la permanencia indebida de exautoridades en el cargo dañó profundamente la institucionalidad, debilitó el Estado de derecho y erosionó la confianza ciudadana. En ese sentido, afirmó que no se debe volver a tolerar ninguna forma de autoprórroga de autoridades en el país.
Dávalos remarcó que la nueva conformación del TCP asume el compromiso de respetar el equilibrio entre los órganos del Estado y de impedir cualquier tipo de intromisión en sus competencias. Asimismo, subrayó que la independencia judicial debe ir acompañada de una visión humana de la justicia, alineada con el mandato democrático y con los derechos fundamentales de la población.
Por su parte, la presidenta del TCP, Paola Verónica Prudencio, fue enfática al acusar a los exmagistrados prorrogados de haber vulnerado de manera consciente el artículo 183 de la Constitución, que establece un periodo de mandato de seis años sin posibilidad de prórroga ni reelección inmediata. Según explicó, la negativa a dejar el cargo no solo desconoció la soberanía popular, sino que también impidió la renovación institucional y generó una cadena de decisiones contrarias al orden constitucional.
Prudencio anunció que estos hechos serán formalmente denunciados ante la justicia ordinaria para que se determinen responsabilidades y se apliquen las sanciones que establece la ley. Indicó que existe respaldo unánime de la Sala Plena para iniciar auditorías internas que permitan identificar a los responsables, no solo entre los exmagistrados, sino también entre funcionarios que hubieran participado o sido beneficiados por estas acciones.
La presidenta del TCP afirmó que la prórroga irregular no puede ser considerada una continuidad administrativa, sino una afectación directa a los derechos ciudadanos y una invasión de competencias de otros órganos del Estado, incluyendo al Tribunal Supremo Electoral. En esa línea, aseguró que la nueva gestión actuará estrictamente bajo el principio de legalidad y que se pondrá fin a prácticas asociadas a la injerencia política, la extorsión y la denominada “justicia a la carta”.
En cuanto al estado en que fue recibida la institución, Prudencio reveló que se identificó una grave mora procesal. Un relevamiento interno evidenció la existencia de más de 800 expedientes que permanecían sin atención en la Comisión de Admisión. Además, detalló que el TCP arrastra cerca de 20.000 causas pendientes, de las cuales unas 17.000 no fueron sorteadas y alrededor de 2.000, pese a haber sido asignadas a los exmagistrados prorrogados, no fueron resueltas entre 2024 y 2025. No obstante, destacó que en el primer mes de la nueva gestión se emitieron cerca de 700 resoluciones, demostrando que es posible mejorar la eficiencia con voluntad y gestión adecuada.
La situación financiera también fue objeto de cuestionamiento. Prudencio denunció que la anterior administración destinó aproximadamente 4 millones de bolivianos a viajes y actividades que no estaban dentro de sus competencias, relacionadas con la promoción de una propuesta de modificación constitucional. Afirmó que estos gastos deben ser restituidos al Estado, tanto por los exmagistrados como por el personal que accedió indebidamente a viáticos y desplazamientos.
Otro aspecto crítico señalado fue la falta de infraestructura propia del TCP. Actualmente, la institución funciona en un inmueble cedido en comodato y, debido al volumen de trabajo y al ingreso diario de decenas de causas, se vio obligada a alquilar ambientes adicionales, generando un gasto que podría destinarse a mejorar los servicios judiciales. A esto se suma, según Prudencio, la insuficiente asignación presupuestaria, que no alcanza ni al 0,5% del Presupuesto General del Estado, muy por debajo de los estándares internacionales recomendados para garantizar una verdadera independencia judicial.
Finalmente, la presidenta del TCP presentó una agenda de reformas orientadas a la modernización del tribunal, que incluye la implementación del expediente digital, la interoperabilidad con otras jurisdicciones, la consolidación de sorteos digitales para asegurar transparencia y la realización de jornadas de descongestionamiento procesal con participación de abogados, academia y sociedad civil. También anunció convocatorias públicas bajo criterios de meritocracia e integridad, con el objetivo de reconstruir la credibilidad de la justicia constitucional y cerrar definitivamente cualquier circuito de corrupción. (Correo del Sur)