El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) puso en marcha dos procesos de auditoría contra la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música (Sobodaycom), luego de que se difundieran denuncias públicas sobre posibles irregularidades en el manejo de cobros y la distribución de regalías por derechos de autor en el país.
La decisión surge en un contexto de creciente preocupación por parte de artistas, compositores y herederos de derechos, quienes han cuestionado la transparencia de los mecanismos de recaudación y asignación de ingresos generados por la utilización de obras musicales. Estas denuncias, difundidas tanto en medios de comunicación como en plataformas digitales, motivaron la intervención del ente regulador.
El Senapi, en su calidad de autoridad competente en materia de propiedad intelectual y derechos de autor en Bolivia, señaló que las auditorías tienen como objetivo verificar el funcionamiento interno de la entidad de gestión colectiva y establecer si existen o no irregularidades en la administración de los recursos recaudados en nombre de los autores.
De acuerdo con el comunicado oficial, la institución también habilitó canales formales para que artistas, compositores y herederos que se consideren afectados puedan presentar denuncias y aportar información que contribuya al proceso de investigación. Este mecanismo busca ampliar la base de información y permitir un análisis más detallado de las posibles observaciones.
Entre los medios habilitados para la recepción de denuncias se encuentran la oficina central del Senapi en la ciudad de La Paz, ubicada en la avenida Montes, además de una línea telefónica gratuita y un correo electrónico institucional destinado específicamente a este proceso. Con estas herramientas, la entidad busca facilitar el acceso de los afectados y garantizar la participación de los sectores involucrados.
La intervención del Senapi se enmarca en su rol de supervisión del sistema de derecho de autor en Bolivia, que incluye la fiscalización de las entidades de gestión colectiva encargadas de recaudar y distribuir regalías en favor de los creadores. Este tipo de entidades administran ingresos generados por el uso público de obras musicales, especialmente en medios de comunicación, eventos y establecimientos comerciales.
El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia en la gestión de derechos de autor en el país, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro de las organizaciones encargadas de administrar recursos en nombre de los artistas.
En este contexto, las auditorías iniciadas podrían derivar en recomendaciones, sanciones o reformas al sistema de gestión colectiva, dependiendo de los resultados que se obtengan durante el proceso de fiscalización. (El Mundo)