El presidente Rodrigo Paz informó este lunes que su Gobierno iniciará procesos judiciales contra los responsables de actos deliberados que comprometieron la calidad de la gasolina en todo el país, catalogándolos como sabotaje intencional contra los ciudadanos y la soberanía energética de Bolivia. Según el mandatario, estos actos no son producto de errores técnicos ni de negligencia administrativa, sino de intervenciones maliciosas que buscan afectar la producción y distribución de combustible.
Durante un pronunciamiento oficial, Paz aseguró que las autoridades actuarán con firmeza para identificar y sancionar a los responsables. “Ya tendrá Bolivia anuncios sobre aquellos delincuentes que irán ante la justicia a responder por sus actos de delitos contra la familia y la patria”, expresó, enfatizando que no habrá tolerancia para quienes intenten perjudicar al país mediante el sabotaje o la desinformación.
En paralelo, el presidente anunció la implementación de medidas inmediatas de protección. Todas las plantas estratégicas de YPFB han sido militarizadas desde este lunes, con el objetivo de garantizar la seguridad de las instalaciones y de los trabajadores. Esta acción se enmarca dentro de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas de resguardar empresas estratégicas y asegurar que la distribución de recursos esenciales no se vea comprometida.
Paz también adelantó que se estudia extender la protección militar a los camiones cisterna que transportan gasolina desde las plantas hasta las estaciones de servicio, asegurando así que toda la cadena de distribución esté bajo vigilancia. Según explicó, esto permitirá garantizar la trazabilidad completa del combustible y proteger a los transportistas, evitando que mafias o actos de corrupción interfieran con el suministro.
Además de las medidas de seguridad, el Gobierno anunció mejoras técnicas en el combustible. A partir del martes 3 de marzo, YPFB incorporará aditivos estabilizantes y antioxidantes a la gasolina para mejorar su calidad y rendimiento, atendiendo las denuncias de usuarios sobre daños a vehículos. Asimismo, la estatal implementará un seguro solidario para resarcir a quienes hayan sufrido perjuicios por la calidad deficiente del combustible, reafirmando su compromiso con la protección del consumidor.
El presidente reiteró que Bolivia no volverá a tolerar sabotajes ni prácticas que pongan en riesgo los recursos estratégicos del país. “La patria nunca abandona a sus hijos, nosotros no vamos a abandonar a la patria”, aseguró, subrayando que todas las acciones están orientadas a garantizar la soberanía energética, la seguridad del suministro y la protección de la ciudadanía.
Con estas decisiones, el Ejecutivo busca recuperar la confianza de la población en la calidad de los combustibles, fortalecer la seguridad en las plantas y consolidar un sistema de distribución transparente y seguro, dejando claro que cualquier intento de interferir en este proceso tendrá consecuencias legales y judiciales inmediatas. La estrategia combina acción legal, control militar y mejoras técnicas, en un esfuerzo integral para blindar el sector energético frente a amenazas internas o externas. (La Razón)