Representantes de los gremios agropecuarios de Santa Cruz, entre ellos la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), la Federación Departamental de Productores de Leche (FEDEPLE), la Federación de Cañeros Santa Cruz (FCSC) y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), expresaron su apoyo a la Ley 157. La norma autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir voluntaria y gratuitamente la clasificación de tierras de pequeña propiedad a mediana propiedad.
Klaus Frerking, presidente de la CAO, defendió la ley frente a críticas de sectores campesinos, indígenas y algunos miembros de la Asamblea Legislativa Departamental. “Esta agenda la tiene el sector agropecuario nacional hace 15 años, no es de ayer”, afirmó, y aseguró que el proceso de elaboración contó con socialización y participación de los pequeños productores.
El objetivo central de la Ley 157 es facilitar el acceso al crédito para los productores. Actualmente, los títulos de pequeña propiedad no son aceptados como garantía por entidades financieras, limitando la capacidad de inversión y modernización del sector. Frerking explicó que la conversión voluntaria permitirá que estos títulos sean utilizados como garantía y que los productores puedan acceder a financiamiento para adquirir tecnología y aumentar su productividad.
Frerking también aclaró que la ley no afecta tierras comunitarias, ya que únicamente aplica a los títulos de pequeña propiedad, que suman 10 millones de hectáreas a nivel nacional. Las tierras comunitarias de origen quedan fuera del alcance de la norma.
Nué Morón, presidente de la Asociación Departamental de Horticultores y Fruticultores de Santa Cruz (ASOHFRUT), coincidió en la importancia de la ley. Señaló que los pequeños productores han estado históricamente marginados del crédito y del fomento productivo, y que la normativa permitirá industrializarse y enfrentar la caída de precios de productos como el tomate y otras hortalizas.
La Ley 157 fue sancionada por la Cámara de Diputados el jueves pasado y ahora espera la promulgación por parte del Ejecutivo. El Gobierno tiene un plazo de 60 días hábiles para elaborar su reglamentación e iniciar su implementación efectiva.
Los gremios productivos sostienen que la aplicación de la ley será clave para fortalecer la agricultura familiar y permitir que los pequeños productores accedan a herramientas financieras y tecnológicas que mejoren su competitividad y productividad.