El gobierno de Rodrigo Paz ha lanzado un conjunto de medidas económicas destinadas a reactivar la economía y mitigar los efectos del fin de los subsidios a los combustibles. La normativa, plasmada en el Decreto Supremo 5503, combina estímulos para la inversión, facilidades para la exportación y un aumento del salario mínimo nacional.
Entre los objetivos del decreto se encuentra dinamizar la producción, mejorar la liquidez y estabilizar los precios tras la crisis heredada del gobierno anterior. Para ello, se han otorgado nuevas atribuciones al Banco Central de Bolivia, que ahora podrá gestionar financiamiento internacional, instrumentos de cobertura cambiaria y operaciones para reforzar las reservas nacionales.
El decreto incluye además un régimen especial de promoción de inversiones, que garantiza estabilidad jurídica y tributaria por hasta 15 años para nuevos proyectos o ampliaciones, y establece un mecanismo de aprobación acelerada con plazos máximos de 30 días, aplicando la figura del silencio administrativo positivo en caso de no recibir respuesta oficial. Asimismo, se implementa un régimen temporal para la regularización y repatriación de capitales, que permitirá incorporar activos no declarados al circuito formal con condiciones tributarias preferenciales.
Para incentivar la creación de empleo, el decreto permite que los aportes patronales en nuevas contrataciones puedan descontarse como pago a cuenta del IVA. Los profesionales independientes también podrán beneficiarse de créditos fiscales sobre el IVA, mejorando sus ingresos disponibles y reduciendo la carga tributaria.
En el ámbito comercial, se eliminan los permisos previos para exportar productos estratégicos, como maíz, sorgo, azúcar, carne y otros alimentos con potencial internacional. Aunque la autorización automática facilita la salida de estos bienes, las exportaciones seguirán sujetas a controles sanitarios, fitosanitarios y tributarios vigentes.
Respecto al salario mínimo, el decreto establece un incremento a 3.300 bolivianos a partir del 2 de enero de 2026, con el fin de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y equilibrar el esfuerzo entre Estado, sector privado y empleados ante la eliminación de los subsidios. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia respaldó las medidas de reordenamiento económico, aunque expresó inquietud por el aumento del salario mínimo sin consulta previa. La federación de Empresarios Privados de Santa Cruz pidió un diálogo tripartito para garantizar la estabilidad laboral y de las empresas.
Para aliviar los efectos del aumento salarial sobre las micro y pequeñas empresas, el decreto contempla la posibilidad de computar aportes patronales como pago a cuenta del IVA en nuevas contrataciones, diferir créditos productivos y acceder a regímenes tributarios simplificados.
Con estas disposiciones, el gobierno busca reactivar la economía, atraer inversión, facilitar el comercio exterior y sostener la cohesión social en un contexto de transición y ajuste económico. (El Deber)