El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización presentó este miércoles el reglamento de la Ley 1680 de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos Contra la Vida, marcando un avance importante en la atención estructural a los menores afectados por la violencia de género en Bolivia.
La viceministra Jessica Echeverría destacó que la norma busca ofrecer respuestas integrales, sostenibles y de largo plazo, garantizando estabilidad y protección real para niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus madres de manera trágica. “El Estado no los va a abandonar. Se ha formado un equipo de trabajo con distintas organizaciones y fundaciones, con las cuales ya se ha logrado concluir el documento para plasmarlo y que, de una vez por todas, sea una realidad”, afirmó durante el acto realizado en Casa Grande del Pueblo.
El reglamento establece procedimientos claros sobre la entrega de beneficios económicos, la atención psicológica especializada y la coordinación interinstitucional para la protección de los huérfanos. Entre los beneficios contemplados se incluye el pago equivalente al 20 % del Salario Mínimo Nacional, destinado a brindar seguridad económica a los menores afectados. Asimismo, se prioriza la protección del patrimonio y los derechos sucesorios, evitando el despojo de bienes y garantizando el derecho a vivir en entornos familiares seguros.
El documento también define la atención psicosocial con acompañamiento multidisciplinario y seguimiento continuo, asegurando que los niños y adolescentes reciban apoyo emocional y social durante todo el proceso de recuperación. Según Echeverría, la medida responde a la necesidad de garantizar que los derechos de los huérfanos no queden desprotegidos frente a la violencia extrema ejercida por quienes deberían haber protegido su bienestar.
La elaboración del reglamento contó con la participación de colectivos feministas, organizaciones de mujeres, la Defensoría del Pueblo, Aldeas Infantiles SOS, el Observatorio de Violencia y asociaciones de familiares de víctimas. Estas instancias aportaron experiencias directas y conocimientos sobre procedimientos de atención a víctimas, asegurando que la reglamentación sea práctica, efectiva y alineada con las necesidades reales de los niños afectados.
Mercedes Cortés, representante de la alianza Voces Libres, resaltó que la reglamentación da tareas concretas a cada institución pública, evitando la inacción estatal que históricamente dificultó la protección de estos menores. Por su parte, Mónica Bayá, de la Comunidad de Derechos Humanos, señaló que la norma constituye una herramienta esencial para que las medidas contempladas en la Ley 1680 se concreten rápidamente, garantizando bienestar, integridad y seguridad para los huérfanos.
Los datos oficiales indican que, hasta diciembre de 2025, al menos 961 niños, niñas y adolescentes en Bolivia se encuentran en situación de orfandad por feminicidio. La Ley 1680, promulgada el 5 de noviembre de 2025, junto con este reglamento, busca atender esta problemática estructural, ofreciendo protección integral, reparación y acompañamiento continuo a los menores, consolidando un marco legal que prioriza sus derechos y bienestar en el país. (La Razón)