Las pensiones escolares en las unidades educativas privadas del país podrían experimentar un ajuste a partir del mes de abril, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 0001/2026, que aprueba las Normas Generales para la Gestión Educativa 2026 del Subsistema de Educación Regular. La medida no implica un incremento automático, sino que condiciona cualquier modificación a una evaluación posterior y a factores económicos específicos.
La normativa determina que, durante el periodo de inscripciones escolares, las pensiones deben mantenerse sin variación. Este proceso comenzará el 19 de enero y se desarrollará bajo la premisa de estabilidad económica para las familias. Recién en el mes de abril se abrirá la posibilidad de analizar un eventual incremento, el cual será definido por una comisión mixta integrada por representantes del Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop).
Según el contenido de la resolución, cualquier reajuste deberá tomar en cuenta la situación económica del país, así como la política salarial que se encuentre vigente en ese momento. Este enfoque busca equilibrar la sostenibilidad financiera de las unidades educativas privadas con la capacidad de pago de los padres de familia, en un contexto marcado por cambios en el panorama económico nacional.
El documento también es enfático en prohibir cobros adicionales por parte de los colegios privados. Las unidades educativas no podrán exigir pagos más allá de las diez pensiones anuales autorizadas, ni realizar cobros por conceptos como reserva de plaza, matrícula, derecho de inscripción, materiales educativos o gastos administrativos. Todos estos aspectos deberán estar claramente especificados en los contratos firmados entre los establecimientos y los padres de familia, con el objetivo de evitar abusos o cobros irregulares.
Asimismo, la resolución señala que los padres de familia que incumplan con las obligaciones económicas establecidas en los contratos deberán regularizar su situación directamente con la unidad educativa correspondiente, siguiendo los mecanismos previstos en la normativa vigente.
Desde el sector privado, el representante de Andecop en Cochabamba, Genaro Durán, adelantó que existe presión para un eventual reajuste en las pensiones escolares. Esta postura estaría vinculada al reciente incremento del salario mínimo nacional, que pasó de 2.750 a 3.300 bolivianos, anunciado por el presidente Rodrigo Paz el pasado 17 de diciembre. Según el sector, este aumento salarial impacta en los costos operativos de las unidades educativas privadas.
Por otro lado, el Ministerio de Educación confirmó que el inicio del año escolar a nivel nacional está programado para el 2 de febrero, fecha en la que estudiantes y docentes retornarán a las aulas bajo las disposiciones establecidas para la gestión 2026. (La Razón)