Este viernes se cumple el tiempo límite para que el Estado boliviano atienda las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al caso conocido como “Hotel Las Américas”. De no cumplir con estas disposiciones, el expediente podría derivarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El caso tiene su origen en un operativo policial realizado el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz de la Sierra, donde un grupo de élite irrumpió en el Hotel Las Américas bajo la premisa de una acción contra actividades consideradas terroristas. La operación resultó en la muerte de Michael Dwyer, ciudadano irlandés, y la detención de varios otros, quienes denunciaron malos tratos y torturas durante su custodia.
La CIDH, en su Informe de Fondo 394/21, determinó que el Estado incurrió en violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y falta de acceso adecuado a la justicia. Entre las personas afectadas se encuentran Mario Tadic, Elöd Tóásó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza. La comisión recomendó que se otorgue reparación integral, que incluya compensaciones económicas, atención en salud física y mental, y medidas para garantizar justicia efectiva.
En 2024, el gobierno de Luis Arce solicitó una prórroga para cumplir con estas recomendaciones, con la intención de negociar directamente con las víctimas y evitar que el caso avance ante instancias internacionales. Según informes oficiales, los montos reclamados por la familia de Michael Dwyer ascienden a más de tres millones de euros, mientras que los solicitados por Mario Tadic superan los setecientos mil euros. Las autoridades consideraron estas cifras “excesivas” y continúan analizando la forma de atender las obligaciones sin comprometer la estabilidad fiscal.
Juan Carlos Guedes, uno de los afectados que posteriormente fue absuelto, hizo un llamado a las autoridades para garantizar los derechos de las víctimas y manifestó su disposición a asumir la defensa de figuras políticas involucradas en caso de que el proceso llegue a juicio internacional.
Además de la compensación económica, la CIDH recomendó que el Estado implemente investigaciones penales exhaustivas para identificar responsabilidades y sancionar a quienes resulten responsables de las violaciones a los derechos humanos. Las medidas incluyen asegurar la no prescripción de delitos graves y garantizar que no existan obstáculos legales que limiten la acción judicial.
El caso cerró formalmente en 2020 durante la administración de Jeanine Áñez, cuando el Ministerio de Gobierno retiró su participación como parte acusadora y el sistema judicial dispuso el cierre del expediente. Sin embargo, la resolución de la CIDH mantiene vigente la obligación del Estado de responder por las violaciones y atender la reparación a las víctimas de manera integral.
El cumplimiento de estas recomendaciones será un indicador clave sobre el compromiso de Bolivia con los estándares internacionales de derechos humanos y con la protección de las personas afectadas por hechos de violencia estatal en el pasado. (La Razón)