El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley N.º 1709, que modifica la normativa anterior (Ley N.º 1352) y establece que todas las autoridades que cesen en sus funciones deberán permanecer en el país por un período obligatorio de seis meses. La medida afecta a exmandatarios, ministros, gobernadores, alcaldes, legisladores y máximas autoridades de empresas públicas, mixtas y privadas que administren recursos estatales.
Con la entrada en vigor de esta ley, las exautoridades del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) no podrán abandonar el territorio nacional hasta el 8 de mayo de 2026. El principal objetivo de la normativa es garantizar que los exfuncionarios puedan rendir cuentas ante las autoridades entrantes y facilitar la transparencia en la administración de recursos públicos, asegurando que se cumplan los procedimientos de entrega de información y documentación oficial.
El artículo único de la Ley N.º 1709 detalla que la obligación de permanencia se aplica a quienes hayan ocupado cargos en el nivel central del Estado, así como en entidades territoriales autónomas, incluyendo municipalidades y gobernaciones. La medida también abarca a exautoridades de empresas e instituciones que gestionen recursos fiscales, independientemente de su naturaleza jurídica, sean públicas, mixtas o privadas.
La sanción de la ley se realizó durante una sesión virtual del Senado, como parte del proceso legislativo iniciado tres días antes en la Cámara de Diputados. Según explicaron legisladores, la promulgación responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión sobre quienes dejan funciones en el Estado, evitando vacíos legales que puedan dificultar la fiscalización de su gestión.
El antecedente de esta normativa se remonta a la Ley N.º 1352, aprobada en agosto de 2020 durante el gobierno de Jeanine Áñez, aunque su aplicación fue interrumpida por la falta de publicación oficial en la Gaceta Legislativa. En aquel momento, la presidenta del Senado, Eva Copa, había promulgado la norma, pero la falta de difusión impidió que entrara en vigor. Fue recién en diciembre de 2020, bajo la administración de Luis Arce, que la ley se publicó oficialmente y comenzó a tener efectos legales.
Autoridades y expertos en normativa estatal señalaron que la Ley N.º 1709 busca consolidar la rendición de cuentas de los exfuncionarios y evitar que abandonen el país antes de cumplir con sus responsabilidades pendientes. De acuerdo con el Ejecutivo, la medida también fortalece la institucionalidad, protege los intereses del Estado y garantiza que los procesos de transición entre administraciones se realicen de manera ordenada y transparente.
Con esta disposición, el Gobierno busca establecer un marco legal claro que asegure que los exautoridades colaboren con la entrega de información y documentación, contribuyendo así a la transparencia y el control de los recursos públicos en Bolivia. (Los Tiempos)