El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, encabezó este jueves en Santa Cruz una reunión interinstitucional con autoridades del Gobierno, la Gobernación, la Fiscalía, la Policía y representantes de sectores productivos, con el objetivo de coordinar acciones contra los avasallamientos y la apropiación ilegal de tierras. Durante el encuentro, la máxima autoridad del país denunció la persistencia de la “corrupción” y la “anarquía” en el Estado y enfatizó la necesidad de que todos los bolivianos trabajen para erradicar estos flagelos.
“La inclusión no debe confundirse con impunidad, y las reformas no pueden convertirse en atropellos. La anarquía no puede ser parte de esa herencia de un Estado que vemos profundamente corrupto. Combatir esta corrupción requiere del esfuerzo de todos”, afirmó Paz ante los presentes.
En la cita participaron también el fiscal departamental Alberto Zeballos, ministros de Estado, jefes policiales, representantes de sectores productivos y el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, quienes coincidieron en la urgencia de proteger la propiedad privada y los territorios legalmente adquiridos.
Paz subrayó que en Bolivia “se respeta al productor y la tierra legalmente adquirida. La propiedad privada no es un privilegio, sino un derecho constitucional y un pilar del desarrollo y la paz”. En ese marco, afirmó que “no hay justicia social ni desarrollo posible destruyendo al que produce” y recalcó que atentar contra la capacidad productiva de los ciudadanos afecta también la cohesión social del país.
El jefe de Estado denunció que los productores se ven perjudicados cuando pierden parcelas y espacios por ocupaciones ilegales, sin encontrar protección ante las autoridades, y aseguró que es necesario revertir esta situación. “Si alguien quiere justicia social y desarrollo, no puede destruir las capacidades productivas ni la fe de convivencia entre bolivianos”, insistió.
El encuentro también tuvo como finalidad coordinar acciones para proteger los territorios forestales y las reservas naturales, así como garantizar que quienes no respeten la ley sean retirados de manera legal. En la misma línea, Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), destacó que “cuando el delito avanza, retrocede el estado de derecho”, haciendo énfasis en la importancia de la intervención del Estado para preservar la legalidad y la seguridad de la propiedad privada.
La reunión concluyó con un compromiso conjunto de fortalecer la supervisión de tierras y garantizar que los derechos de los productores y propietarios legales sean respetados, en un esfuerzo por consolidar la justicia social y el desarrollo económico en el país. (Unitel)