El Ministerio de Desarrollo Productivo presentó nuevos detalles sobre el caso que involucra a la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), a la cual atribuye un daño económico que supera los Bs 5 millones. Según el Gobierno, este perjuicio provendría de irregularidades en el manejo de harina y otros insumos subvencionados entregados por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), destinados a sostener el precio del pan de batalla en el país.
De acuerdo con la denuncia, los productos que debían ser empleados exclusivamente en la elaboración de pan a precio regulado habrían sido desviados mediante prácticas que aún se investigan. Estas acciones habrían permitido beneficios indebidos para algunos grupos vinculados al sector, afectando directamente los recursos estatales destinados a mantener estable un alimento de consumo básico.
En una conferencia de prensa, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Justiniano, señaló que el dirigente Rubén Ríos tendría una participación relevante en estas presuntas actividades irregulares. La aprehensión de Ríos, destacó el ministro, representa un avance importante para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Justiniano recordó que la denuncia fue impulsada por su cartera y que corresponde ahora al Ministerio Público profundizar las investigaciones para conocer el alcance total del daño.
“El Ministerio Público debe actuar con independencia y llegar hasta las últimas consecuencias. La denuncia establece un perjuicio superior a los cinco millones de bolivianos”, afirmó.
Paralelamente, el Gobierno informó que se encuentra trabajando en un nuevo sistema para garantizar que el precio del pan de batalla se mantenga por debajo de los Bs 0,80. Este mecanismo buscaría reemplazar el esquema tradicional de subvención, el cual, según las autoridades, ha mostrado vulnerabilidades que permitieron la aparición de irregularidades como las investigadas en este caso.
La propuesta se encuentra en etapa de formulación y, según las autoridades, pretende ofrecer mayor control, transparencia y estabilidad para los consumidores, sin afectar la producción diaria del pan. Mientras tanto, el Ejecutivo aseguró que se reforzará la supervisión sobre la distribución de insumos subvencionados con el fin de evitar nuevos desvíos.
El avance de la investigación fiscal será clave para determinar si existió una estructura organizada que manipuló indebidamente los insumos de Emapa y para establecer las responsabilidades individuales dentro de este presunto hecho de corrupción. El Gobierno, por su parte, sostiene que este proceso debe sentar un precedente para garantizar un manejo más transparente de los programas destinados a la seguridad alimentaria. La Razón