La crisis penitenciaria en Ecuador volvió a evidenciar su severidad tras la muerte de trece privados de libertad en el centro carcelario de Machala, ubicado en la región suroccidental del país. El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), entidad encargada del sistema penitenciario, confirmó el hecho la mañana del lunes y detalló que los cuerpos fueron encontrados durante una inspección policial realizada el día anterior.
Hallazgo de los cuerpos y primeras indagaciones
El SNAI informó que todavía se realizan las autopsias y los procedimientos técnicos necesarios para establecer la causa oficial de los fallecimientos. Según la institución, los cuerpos fueron localizados después de que las fuerzas de seguridad ingresaran al penal en respuesta a la detonación de un artefacto explosivo en los alrededores del recinto.
Aunque la versión oficial está en proceso de consolidarse, medios locales reportaron que los internos habrían muerto por asfixia. Asimismo, señalaron que la explosión registrada a unos 100 metros de la cárcel habría sido causada por un dron cargado con explosivos, presuntamente utilizado como distracción para facilitar acciones violentas internas.
Un mes marcado por la violencia extrema
Este episodio se suma a una cadena continua de hechos sangrientos en el centro penitenciario de Machala. En menos de 30 días, la cifra de reclusos fallecidos en ese penal asciende a 44 personas. A mediados de noviembre, un ataque dejó 31 internos muertos, muchos también por asfixia. Un mes antes, a finales de septiembre, la violencia entre grupos rivales provocó 14 muertes más, entre ellas la de un agente penitenciario.
Desde septiembre, el total de fallecidos en esta prisión bordea los 60, reflejando el grave deterioro de la seguridad penitenciaria en Ecuador.
Una crisis penitenciaria que se agrava desde 2020
La magnitud de la violencia no es nueva. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde 2020 al menos 663 personas han perdido la vida dentro de las cárceles ecuatorianas en hechos clasificados como violentos.
La creciente presencia de organizaciones del narcotráfico, que utilizan los reclusorios como centros de operación y control territorial, ha intensificado la frecuencia y brutalidad de los enfrentamientos.
Medidas del Gobierno y persistencia de la violencia
En un intento por recuperar el control, hace apenas un mes el Gobierno inauguró una megacárcel en Santa Elena, destinada a recluir a cabecillas de las bandas criminales más peligrosas. Algunos de estos líderes fueron trasladados desde Machala, un penal que en 2022 llegó a albergar el doble de su capacidad reglamentaria.
El Ejecutivo del presidente Daniel Noboa sostiene una política de mano dura frente al crimen organizado, similar en estilo a la impulsada en El Salvador. En 2024, Noboa llegó a declarar un conflicto armado interno, autorizando el despliegue ampliado de fuerzas militares en prisiones y zonas consideradas de alto riesgo.
Tras la apertura de la llamada Cárcel del Encuentro, con espacio para 800 internos, el Gobierno difundió imágenes de presos alineados, vestidos con uniformes naranjas, rapados y con las manos atadas, custodiados por militares fuertemente armados.
Pese a estas medidas, la escalada de violencia no se ha detenido.
Un país sumido en cifras alarmantes
El clima de inseguridad no solo se manifiesta en las prisiones. En ciudades y barrios del país, los enfrentamientos armados, asesinatos y ataques con explosivos se han vuelto frecuentes. El Observatorio del Crimen Organizado proyecta que Ecuador cerrará el año con una tasa récord de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra inédita en la historia del país.
Ecuador se ha convertido en un punto estratégico para el narcotráfico internacional, debido a su ubicación geográfica y sus puertos de salida hacia Estados Unidos y Europa. Esto ha convertido su litoral pacífico en uno de los corredores más codiciados y disputados por organizaciones criminales. (EFE)