El debate en torno al Decreto Supremo 5503 sumó un nuevo capítulo luego de que el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, anunciara la presentación de un proyecto de ley destinado a frenar la aplicación de dicha norma. La iniciativa generó reacciones inmediatas desde filas oficialistas, donde fue calificada como un acto de “sabotaje” que atentaría contra la estabilidad del país.
El Decreto Supremo 5503 entró en vigencia en diciembre de 2025 con el objetivo declarado de garantizar el abastecimiento de combustibles a nivel nacional, acompañado de una serie de disposiciones orientadas —según el Gobierno— a mitigar el impacto en sectores productivos y sociales. Sin embargo, la medida ha sido duramente cuestionada por diversos actores políticos y organizaciones sociales.
Durante una conferencia de prensa brindada este miércoles, Lara sostuvo que su propuesta legislativa busca poner freno no solo al D.S. 5503, sino también al Decreto Supremo 5515, al considerar que ambos contienen disposiciones contrarias a la Constitución Política del Estado. El anuncio fue respaldado por legisladores de oposición y autoridades parlamentarias regionales, entre ellos el presidente de la Brigada Parlamentaria de Oruro, Pablo Quispe.
El vicepresidente reconoció que la eliminación de la subvención a los combustibles era una decisión que eventualmente debía asumirse, pero cuestionó duramente la forma y el momento en que se implementó. A su criterio, varios artículos de la norma vulneran atribuciones exclusivas de la Asamblea Legislativa, permiten el uso de recursos naturales en favor de empresas transnacionales sin controles adecuados y autorizan mayores niveles de endeudamiento a través del Banco Central, aspectos que —según afirmó— debilitan el Estado de Derecho.
En ese marco, Lara convocó a las bancadas de distintas alianzas políticas, así como a representantes de pueblos indígenas y agrupaciones ciudadanas, a respaldar el proyecto de ley y priorizar la defensa de la Constitución por encima de intereses partidarios.
La respuesta desde el Partido Demócrata Cristiano (PDC) no se hizo esperar. El diputado Ricardo Rada defendió las medidas asumidas por el presidente Rodrigo Paz Pereira y afirmó que el país atraviesa una coyuntura compleja que exige decisiones firmes para preservar la estabilidad económica. Desde su perspectiva, la iniciativa anunciada por el vicepresidente no contribuye a resolver la crisis, sino que entorpece los esfuerzos del Ejecutivo.
Rada calificó la propuesta legislativa como inviable y recordó que intentos similares impulsados anteriormente por el vicepresidente no lograron respaldo suficiente en la Asamblea. En ese sentido, consideró que insistir en este camino solo profundiza la incertidumbre política y económica.
Paralelamente al debate legislativo, el conflicto también llegó al ámbito judicial. El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, confirmó que la Sala Constitucional Primera admitió una Acción Popular presentada contra dos decretos supremos, entre ellos el D.S. 5503. La demanda fue interpuesta contra el presidente del Estado y será tramitada bajo el principio de independencia judicial.
Mientras tanto, las protestas sociales continúan. Desde el martes, diferentes sectores mantienen bloqueos en varias rutas del país, con mayor incidencia en el departamento de La Paz, exigiendo la abrogación total del decreto. Las movilizaciones ya superan las dos semanas y han sido encabezadas principalmente por la Central Obrera Boliviana, organización que este miércoles instaló una mesa de diálogo con autoridades del Ejecutivo en un intento por encontrar una salida negociada al conflicto. (El Deber)