El Ministerio de Economía y representantes técnicos de siete gobernaciones del país concluyeron la elaboración de una propuesta conjunta basada en cuatro pilares principales, con el objetivo de avanzar en la denominada agenda 50/50 y establecer nuevos mecanismos de distribución de recursos y fortalecimiento de las autonomías departamentales.
El documento fue trabajado durante reuniones técnicas entre autoridades nacionales y equipos de las gobernaciones, y será presentado para su evaluación en el encuentro previsto para este miércoles en la ciudad de Sucre, donde participarán el presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores del país. La propuesta deberá contar con la aprobación de las máximas autoridades antes de iniciar una etapa de aplicación y desarrollo.
Uno de los principales planteamientos del documento establece la eliminación de las denominadas restricciones o “ataduras” financieras que obligan a los gobiernos departamentales a utilizar recursos propios en determinadas obligaciones previamente definidas por normativa nacional. Según la propuesta, esta medida permitiría que las gobernaciones tengan mayor capacidad de decisión sobre el destino de sus presupuestos y puedan priorizar proyectos de acuerdo con las necesidades de cada región.
El segundo eje plantea una revisión del actual sistema de distribución de recursos, incorporando nuevos criterios que permitan reconocer aspectos como el esfuerzo fiscal, la capacidad de gestión y las condiciones económicas de cada departamento. Con esta modificación, se busca establecer un mecanismo que tome en cuenta no solo factores poblacionales, sino también la eficiencia en la administración y generación de ingresos.
Como tercer punto, la propuesta contempla la creación de un programa destinado a la refinanciación y reprogramación de las obligaciones crediticias que tienen las entidades subnacionales. Esta medida busca reducir la presión financiera que enfrentan algunas gobernaciones y mejorar su disponibilidad de recursos para atender proyectos de inversión y servicios públicos.
El cuarto pilar está orientado a revisar las normas que, según las autoridades departamentales, limitan las competencias administrativas de gobernaciones y municipios. En este aspecto, se plantea la modificación o posible derogación de leyes que reducen la capacidad de decisión de los gobiernos autónomos sobre sus funciones y recursos.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que la implementación de un nuevo esquema relacionado con la distribución tributaria será gradual y deberá considerar la realidad económica y financiera de cada departamento. Señaló que el proceso incluirá debates sobre la coparticipación de impuestos, la administración de determinados tributos y los mecanismos de control correspondientes.
Las autoridades nacionales y departamentales consideran que la agenda 50/50 representa una oportunidad para revisar la relación financiera entre el Estado central y las regiones, buscando establecer un modelo que permita una mayor participación de los gobiernos subnacionales en la administración de recursos.
El encuentro en Sucre será considerado un espacio clave para definir los próximos pasos de la propuesta, así como para establecer acuerdos políticos y técnicos entre el Gobierno nacional y las gobernaciones respecto al futuro del sistema de financiamiento autonómico. (La Prensa)