En el contexto de las movilizaciones impulsadas por sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), que exigen la anulación del Decreto Supremo 5503, se conocieron datos sobre los elevados ingresos que perciben mineros asalariados de las empresas estatales Huanuni y Colquiri, ambas dependientes de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Los sueldos mensuales de estos trabajadores oscilan entre los 30.000 y superan los 80.000 bolivianos, cifras que contrastan con el discurso de protesta que sostiene parte del sector sindical.
Las planillas revelan que al menos 336 trabajadores reciben ingresos mensuales que van desde los 30.000 hasta los 39.897 bolivianos. A este grupo se suma un segundo segmento de 84 empleados cuyos salarios se ubican entre los 40.000 y 49.439 bolivianos. En tanto, 39 trabajadores perciben sueldos que fluctúan entre 50.107 y 58.404 bolivianos.
Los ingresos más elevados corresponden exclusivamente a la Empresa Minera Huanuni. En este caso, nueve empleados reciben montos mensuales que van de 61.158 a 68.378 bolivianos; otros cuatro perciben entre 70.338 y 74.068 bolivianos; mientras que siete trabajadores registran salarios que alcanzan cifras de entre 80.246 y 88.041 bolivianos.
Según el detalle de las planillas, el pago total de estos salarios representa una erogación superior a los 18 millones de bolivianos.
Pronunciamiento presidencial
En medio del conflicto social y las medidas de presión anunciadas por la COB y otros sectores, el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, se refirió al tema durante su discurso en la inauguración del Año Judicial, realizada en la ciudad de Sucre. En su intervención, el mandatario defendió las acciones adoptadas por su Gobierno para enfrentar la crisis económica, entre ellas el Decreto Supremo 5503, y dejó en claro que no retrocederá en su aplicación.
El Jefe de Estado denunció públicamente que un grupo de 50 dirigentes sindicales solicitó recursos económicos al Gobierno, sin precisar el destino de dichos fondos. Según afirmó, estos mismos dirigentes forman parte de las movilizaciones que se desarrollan en la sede de gobierno.
Paz señaló que estos dirigentes perciben ingresos anuales que superan los 18 millones de dólares, beneficiándose —según indicó— de prerrogativas vinculadas a los fueros sindicales. En ese marco, cuestionó la concentración de recursos en manos de pocos líderes, mientras numerosos municipios del país cuentan con presupuestos considerablemente menores.
“Es inadmisible que un reducido grupo administre más recursos que más de 200 municipios del país”, sostuvo el mandatario, al calificar esta situación como una expresión de desigualdad.
El presidente afirmó que su administración tiene como prioridad la estabilización económica, la protección de los sectores más vulnerables y la lucha contra la inflación, a la que identificó como uno de los principales factores que golpea a la población de menores ingresos.
Reconoció que las medidas adoptadas por el Gobierno son complejas y generan costos políticos, pero aseguró que son necesarias para frenar el deterioro económico y encaminar la recuperación del país. Asimismo, destacó el respaldo de su gabinete y afirmó que gobernar requiere decisiones firmes, sin recurrir a la demagogia.
Finalmente, Paz acusó a la dirigencia sindical de paralizar el país mediante medidas de presión y aseguró que su Gobierno buscará “liberar al Estado” a través de la transparencia y la verdad, reiterando que no permitirá que se repitan escenarios de miedo o silenciamiento en Bolivia. (El Diario)