La Confederación del Magisterio Urbano de Bolivia manifestó su rechazo al Decreto Supremo 5654, norma que elimina el descuento automático de aportes sindicales mediante planilla para los trabajadores del sector público. Los dirigentes calificaron la medida como un “golpe bajo” contra la organización sindical y aseguraron que la decisión no impedirá que los maestros continúen con sus acciones de protesta.
El secretario ejecutivo nacional del magisterio urbano, Wilfredo Ajllahuanca, expresó su desacuerdo con la disposición gubernamental y señaló que, desde la visión del sector, la eliminación de los descuentos busca afectar la estructura económica y organizativa de los sindicatos. Según el dirigente, la medida tendría como objetivo reducir la capacidad de funcionamiento del movimiento obrero y del magisterio.
“Con aportes o sin aportes nos vamos a seguir movilizando porque nosotros tenemos conciencia de clase”, afirmó Ajllahuanca, al señalar que la organización sindical continuará defendiendo sus demandas y mantendrá su capacidad de convocatoria pese a los cambios establecidos por la nueva normativa.
El Decreto Supremo 5654 establece que los descuentos destinados a organizaciones sindicales ya no podrán realizarse de manera automática a través de las planillas salariales, sino que deberán contar con una autorización expresa de cada trabajador. Esta modificación cambia el mecanismo utilizado durante años por diferentes sectores laborales para financiar sus estructuras sindicales.
Para el dirigente del magisterio, esta decisión representa un intento de debilitar la autonomía sindical, ya que los aportes económicos permiten mantener oficinas, brindar asesoramiento legal a los afiliados, desarrollar actividades de capacitación y cubrir los gastos administrativos de las organizaciones departamentales y nacionales.
Ajllahuanca explicó que gran parte de la infraestructura sindical del magisterio fue construida con recursos provenientes de los aportes de los docentes. Indicó que cerca del 80% de las sedes sindicales del sector fueron financiadas mediante la contribución de las bases, por lo que considera que la eliminación del descuento automático podría afectar directamente el funcionamiento institucional.
Asimismo, informó que la Confederación del Magisterio recibe aproximadamente un millón de bolivianos mensuales en aportes y que el monto anual alcanzaría entre ocho y diez millones de bolivianos. Según explicó, estos recursos son administrados bajo mecanismos de control interno y externo, con informes económicos presentados en congresos ordinarios realizados cada dos años.
El representante sindical también expresó preocupación ante la posibilidad de que la medida pueda aplicarse posteriormente a otros aportes vinculados al sector, como los destinados a la Mutualidad del Magisterio Nacional (Mumanal). Señaló que esta entidad cumple una función de apoyo financiero voluntario para los maestros y que cualquier modificación podría afectar sus servicios.
Ajllahuanca sostuvo que el magisterio mantendrá una postura crítica frente al decreto y anunció que, una vez finalice el estado de excepción vigente, el sector retomará las movilizaciones junto a otros trabajadores. Afirmó que la decisión gubernamental podría aumentar el malestar dentro de la clase trabajadora y generar nuevas protestas sociales.
“Lo único que está generando es que la bronca y la rabia de la clase trabajadora se está acumulando”, manifestó el dirigente, quien aseguró que el rechazo a la medida continuará hasta que sus demandas sean atendidas.
De esta manera, el conflicto entre el Gobierno y el magisterio se centra en el nuevo sistema de aportes sindicales, mientras los docentes defienden que estos recursos son fundamentales para preservar la independencia y funcionamiento de sus organizaciones. (Erbol)