El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, posesionó este miércoles a Hormando Vaca Díez Jiménez como nuevo viceministro de Tierras, en un acto oficial llevado a cabo en la Casa Grande del Pueblo. La designación se enmarca dentro de los esfuerzos del gobierno por reordenar el sector agrario y garantizar el cumplimiento de la ley en el uso y distribución de tierras en todo el país.
Durante la ceremonia, Lupo destacó que la tarea de Vaca Díez será compleja debido a la magnitud de los conflictos por tierras, pero aseguró que contará con respaldo político e institucional para enfrentar los desafíos. “Su mandato es claro: diagnosticar, ordenar, devolver la institucionalidad y garantizar que la ley se cumpla”, afirmó.
Uno de los objetivos principales del nuevo viceministro será reconstruir el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), restaurando su carácter técnico y asegurando que funcione con reglas claras y procedimientos transparentes. En este sentido, Lupo instruyó la realización de una auditoría inmediata, rápida y profunda que abarque todos los ámbitos de la institución, indicando que se realizarán los cambios necesarios para su reordenamiento.
El ministro reiteró que el avasallamiento de tierras no constituye una forma de protesta legítima, sino un delito. “La violencia no es un derecho. El Estado no tolerará tomas ilegales de tierras, amenazas, amedrentamientos ni actos de sabotaje”, enfatizó.
Por su parte, Vaca Díez señaló que durante los 20 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) se construyeron falacias en torno a la defensa de los recursos naturales y de la Madre Tierra, las cuales fueron reducidas a consignas políticas mientras se permitía el atropello de pueblos indígenas como los tsimané y chimán. Recordó además episodios como Chaparina, donde, según afirmó, se reprimió a comunidades indígenas que exigían respeto a su territorio.
El nuevo viceministro criticó que la tierra se haya convertido en un botín para mafias y movimientos sociales, citando casos en Cochabamba, donde los avasallamientos afectaron a propiedades lecheras, y en Tarija, donde predios rurales se convirtieron en áreas protegidas con fines de especulación urbana. “La tierra dejó de ser para quien la trabaja y pasó a ser para quien la trafica”, sostuvo, subrayando la necesidad de recuperar la institucionalidad y la legalidad en el sector.
Con esta posesión, el gobierno busca reforzar la autoridad del Estado sobre los recursos territoriales, garantizar la protección de los pueblos indígenas y avanzar en la formalización y control de la tierra en Bolivia, asegurando que los conflictos sean abordados bajo criterios técnicos y legales. (La Razón)