Parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano (PDC) expresaron duras críticas contra Edmand Lara, a quien exhortaron a actuar con coherencia y dar ejemplo en materia de ética pública. El cuestionamiento se centra en la situación laboral de su esposa, la diputada Diana Romero, quien —según denunciaron— mantiene un salario como legisladora pese a registrar una baja asistencia a sus funciones en la Asamblea Legislativa.
Los legisladores señalaron que la falta de presencia constante en el trabajo parlamentario contradice los principios de responsabilidad y compromiso que se exigen a quienes ejercen cargos públicos. Indicaron que no se trata solo de un tema administrativo, sino de una cuestión de confianza ciudadana, especialmente en un contexto donde la población demanda mayor transparencia y rendición de cuentas de sus autoridades.
Desde el PDC afirmaron que resulta incoherente exigir disciplina y eficiencia en la función pública mientras se toleran situaciones en las que un legislador percibe su remuneración sin cumplir plenamente con sus obligaciones. En ese sentido, remarcaron que los representantes electos tienen el deber de asistir a sesiones, comisiones y actividades legislativas, ya que su labor impacta directamente en la elaboración de leyes y en la fiscalización del Estado.
La polémica tomó mayor relevancia porque, según los críticos, Edmand Lara ha realizado llamados públicos a la responsabilidad y al correcto uso de los recursos del Estado. Por ello, consideraron que debería empezar por su entorno más cercano y promover una conducta acorde a los principios que defiende.
Hasta el momento, no se conoció una respuesta oficial de Diana Romero respecto a las observaciones sobre su asistencia, ni un pronunciamiento directo de Lara frente a las críticas. No obstante, el tema reabrió el debate sobre los mecanismos de control interno en la Asamblea Legislativa y la necesidad de reforzar las normas que regulan la asistencia y el cumplimiento efectivo del trabajo parlamentario.
Los legisladores del PDC concluyeron que casos como este dañan la imagen institucional del Legislativo y debilitan la credibilidad de la política, por lo que insistieron en la urgencia de aplicar criterios claros y sanciones efectivas para garantizar que todos los funcionarios cumplan con su labor de manera responsable. (DTV)
