El expresidente de Bolivia, Luis Arce, deberá cumplir con una fianza de Bs 10.000 y someterse a la medida de arraigo, según determinó un juez de La Paz este jueves, en el marco del proceso judicial que enfrenta por presunto abandono de una mujer embarazada, interpuesto por Brenda Lafuente. La resolución se dicta mientras Arce se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pedro, por presuntas irregularidades vinculadas al Fondo Indígena, aunque, en caso de que obtenga su libertad, estará obligado a acatar estrictamente las medidas cautelares fijadas en este nuevo caso judicial.
De acuerdo con la denuncia, Arce se habría negado a brindar la asistencia familiar correspondiente durante el embarazo, lo que motivó la presentación de la acción legal para garantizar los derechos de la madre y del hijo por nacer. Como parte del proceso, la denunciante solicitó que el exmandatario se sometiera a una prueba de ADN con el objetivo de establecer formalmente la paternidad del menor. No obstante, Arce rechazó realizarse el examen, argumentando supuestos problemas de esterilidad, situación que ha generado controversia y ha sido un punto central en la discusión mediática sobre el caso.
El fiscal y el tribunal han señalado que la fianza y el arraigo son medidas cautelares esenciales para asegurar la comparecencia de Arce durante todo el proceso judicial, evitando cualquier posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia mientras continúan las investigaciones. Además, estas medidas buscan proteger los derechos de la denunciante y garantizar que todas las diligencias, incluyendo declaraciones de testigos y análisis de pruebas, se puedan realizar sin inconvenientes.
Mientras tanto, el proceso sigue avanzando con la recopilación de pruebas y la toma de declaraciones, en un caso que ha generado amplio interés público y cobertura mediática debido a la figura del expresidente y la naturaleza de la acusación. Expertos legales señalan que el caso servirá como precedente en procedimientos similares relacionados con obligaciones familiares y la paternidad, y remarcan la importancia de que la justicia actúe con transparencia y rigor para garantizar el cumplimiento de la ley y los derechos de todas las partes involucradas.
La comunidad política y la ciudadanía observan de cerca los avances de este proceso, conscientes de que el desarrollo del caso tendrá repercusiones en la imagen pública del exmandatario y en la percepción sobre la efectividad del sistema judicial en casos de alto perfil.