El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, se encuentra actualmente en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), luego de haber recibido el alta médica tras ser atendido en una clínica privada por una descompensación física que sufrió mientras estaba en detención preventiva. Fernández aguarda su audiencia de medidas cautelares en el marco del caso denominado “Pavimento fantasma”, que investiga presuntas irregularidades en proyectos de asfaltado durante la gestión municipal 2023.
El martes por la tarde, Fernández fue aprehendido tras prestar declaración ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. La investigación apunta a una pérdida económica aproximada de seis millones de bolivianos, vinculada a obras de pavimentación que, según las denuncias y las inspecciones técnicas realizadas, no habrían sido ejecutadas a pesar de que los pagos correspondientes sí se efectuaron. Por su parte, el alcalde ha sostenido en repetidas ocasiones que los proyectos fueron completados conforme a lo planificado, generando un cruce de versiones que será evaluado en el proceso judicial.
Debido a la descompensación que presentó tras su aprehensión, las autoridades optaron por trasladarlo a una clínica privada para garantizar su salud, evitando que permaneciera en celdas policiales. Este hecho despertó gran atención mediática y social, ya que se trató de una de las medidas más excepcionales aplicadas en casos de detención preventiva de autoridades municipales en los últimos años. La Fiscalía explicó que la aprehensión busca asegurar la presencia de Fernández en el proceso judicial y permitir la recolección completa de pruebas sobre el destino de los recursos municipales involucrados en los proyectos cuestionados.
El caso “Pavimento fantasma” no solo involucra al alcalde, sino también al secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna, quien está siendo investigado por las mismas irregularidades administrativas y penales. Además, se ha impuesto una alerta migratoria sobre Fernández, con el objetivo de evitar que pueda abandonar el país mientras se desarrollan las investigaciones y se espera la definición de medidas cautelares. La pesquisa se centra en al menos siete proyectos de asfaltado que presentan inconsistencias en la documentación, ejecución y desembolso de recursos, según los informes preliminares de las inspecciones técnicas realizadas por la Fiscalía y por entidades municipales de control.
Durante las últimas semanas, la atención de la ciudadanía y de los medios de comunicación se ha centrado en este caso, que pone en evidencia posibles irregularidades en la gestión de obras públicas de gran envergadura en Santa Cruz de la Sierra. Los antecedentes del proceso y las declaraciones de los implicados, sumadas a los hallazgos técnicos sobre la ejecución de las obras, marcan un precedente importante para la supervisión de proyectos municipales y el control de los recursos públicos. La audiencia de medidas cautelares será determinante para definir si Fernández permanecerá en detención preventiva o si podrá enfrentar el proceso en libertad bajo ciertas condiciones, mientras continúa la investigación.
A medida que el caso avanza, la población observa con atención cada movimiento de las autoridades involucradas, así como la postura del alcalde frente a las acusaciones. El desarrollo de este proceso judicial podría tener implicaciones significativas tanto para la gestión municipal actual como para la percepción pública sobre la transparencia y responsabilidad en la administración de obras públicas en Santa Cruz de la Sierra. La Fiscalía y los organismos de control han reafirmado su compromiso de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades de manera exhaustiva. (Brújula Digital)