El Gobierno Nacional ratificó que el derecho a la protesta no puede ser utilizado como justificación para cometer actos de violencia ni emplear explosivos que pongan en riesgo la seguridad de la ciudadanía. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta, aseguró que bajo ningún motivo se permitirá que movilizaciones se conviertan en agresiones contra personas, bienes públicos o privados.
En declaraciones a Radio Panamericana, Oviedo respaldó las recientes palabras del presidente Rodrigo Paz, señalando que reflejan la preocupación de la mayoría de la población frente a protestas que derivaron en hechos violentos, particularmente por el uso de dinamitas y otros explosivos. Según el ministro, estas acciones exceden los límites de una manifestación pacífica y afectan directamente la integridad de quienes no participan en los conflictos.
El titular de Gobierno describió los daños ocasionados durante las recientes movilizaciones en La Paz y otros departamentos, incluyendo bloqueos de calles y avenidas, destrozos de vehículos e inmuebles, agresiones a ciudadanos, cobros ilegales en carreteras y problemas para turistas y pasajeros, incluso con reclamos de embajadas por la seguridad de sus nacionales. Además, destacó que dos personas ajenas al conflicto resultaron heridas por explosiones, lo que evidencia la gravedad de los incidentes.
Oviedo enfatizó que el Ejecutivo ha priorizado la resolución de conflictos mediante el diálogo y canales democráticos, pero advirtió que no se tolerarán acciones contrarias a la ley que pongan en riesgo la vida de personas inocentes. “El derecho constitucional a la protesta existe y debe respetarse, pero no puede ejercerse mediante violencia ni amenazas a la seguridad pública”, subrayó.
El ministro concluyó recordando que las manifestaciones deben ser una vía de expresión pacífica y legítima de las demandas ciudadanas, pero que cualquier intento de vulnerar la tranquilidad y la integridad de otros bolivianos será sancionado conforme a la normativa vigente. El mensaje del Gobierno busca conciliar la garantía del derecho a la protesta con la protección de la vida y la seguridad de toda la población.