En el marco del Congreso Empresarial 2026, que se celebró en Cochabamba, el Gobierno boliviano anunció un conjunto de cinco medidas para estimular la economía y simplificar el cumplimiento tributario. Entre las acciones más destacadas se incluyen la condonación de deudas tributarias acumuladas hasta 2017, el establecimiento de un nuevo régimen tributario llamado SIETE, la reducción del IVA y la reorganización de los plazos de fiscalización.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó que estas iniciativas buscan ofrecer un “alivio tributario hacia adelante”, permitiendo que los contribuyentes puedan regularizar su situación sin las cargas de multas e intereses acumulados durante años. La condonación se aplicará a deudas menores a 10 millones de bolivianos, abarcando capital, intereses y sanciones hasta el 31 de diciembre de 2017. La medida está orientada principalmente a pequeños contribuyentes cuyas propiedades o cuentas se encuentran bloqueadas por deudas antiguas.
Para obligaciones fiscales posteriores a 2017, se eliminarán multas e intereses y se habilitará un plan de pagos de hasta 24 meses. Espinoza indicó que, tras la aprobación de la ley, los contribuyentes tendrán 120 días para acogerse a estas facilidades y podrán hacerlo de manera voluntaria, abonando en efectivo o mediante los planes de pagos establecidos.
En relación con el IVA, el Ejecutivo propuso reducir la tasa efectiva al 13% y eliminar su inclusión directa en las facturas, simplificando así el manejo contable de los contribuyentes y reduciendo las posibilidades de errores y sanciones. Asimismo, el régimen SIETE permitirá consolidar el IVA, el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y el Impuesto a las Transferencias (IT) en un único tributo bimensual del 5% sobre el ingreso bruto, aplicable a negocios con ventas menores a 400.000 bolivianos por año. La adhesión a este régimen será voluntaria, y los contribuyentes podrán emitir facturas sin generar obligaciones fiscales adicionales.
El Gobierno también planteó la reducción de los plazos de fiscalización, que pasarán de ocho a cuatro años, asegurando que los contribuyentes y el Estado tengan límites claros para la revisión de obligaciones tributarias. Según Espinoza, estas medidas buscan modernizar el sistema impositivo, fomentar la formalización económica y generar un entorno más predecible y justo para empresarios y contribuyentes de todos los niveles. (Unitel)