En cumplimiento del Decreto Supremo 5503, el Gobierno de Rodrigo Paz lanzó el Programa Extraordinario de Protección y Equidad, conocido popularmente como bono Pepe, un beneficio económico dirigido a las familias más vulnerables del país con el objetivo de aliviar el impacto de las recientes medidas económicas.
Este bono consistirá en un pago mensual de 150 bolivianos durante un periodo inicial de 12 meses, entregado entre enero y abril de 2026, y podrá extenderse dependiendo de una evaluación posterior que tomará en cuenta un nuevo registro de beneficiarios. En total, cada familia podrá recibir hasta 600 bolivianos en el primer ciclo de pagos, una ayuda que busca mitigar las dificultades económicas generadas por la eliminación de subsidios y otros ajustes fiscales.
Entre los principales beneficiarios del bono Pepe se encuentran las mujeres que reciben el Bono Juana Azurduy de Padilla hasta el 30 de noviembre de 2025, además de personas con discapacidad visual y quienes perciban el Bono de Indigencia al 15 de diciembre del presente año. También está contemplada la entrega del bono a las personas con discapacidad grave o muy grave que figuren en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de las Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD) al 30 de noviembre de 2025.
El programa incluye a adultos mayores beneficiarios de la Renta Universal de Vejez o Renta Dignidad que no tengan acceso a una jubilación o renta de tipo pensionario. Esto amplía la cobertura hacia quienes requieren apoyo económico adicional para enfrentar el aumento de costos derivados de las nuevas políticas públicas.
El bono Pepe surge en un contexto de reformas económicas implementadas por el Gobierno para estabilizar las finanzas públicas, entre ellas la eliminación de la subvención a los combustibles, una medida que ha provocado rechazo y protestas en algunos sectores del país. Asimismo, el Decreto Supremo 5503 establece una reducción de salarios en ciertas entidades públicas, en línea con una estrategia de austeridad denominada “apretarse el cinturón”.
El Ejecutivo ha explicado que estas medidas, aunque difíciles, son necesarias para reconstruir la economía nacional y asegurar un crecimiento sostenible a futuro. En este marco, el bono Pepe se presenta como un mecanismo de compensación directa para los sectores más afectados, buscando garantizar equidad y protección social.
El pago del bono se realizará en un periodo de cuatro meses, de enero a abril de 2026, luego del cual el Gobierno evaluará la posibilidad de continuar con un nuevo ciclo, dependiendo de las condiciones sociales y económicas del país, así como de un nuevo registro actualizado de los beneficiarios.
El Ministerio de Economía y Finanzas y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) trabajarán en coordinación para asegurar que la entrega del bono cumpla con los criterios de transparencia y eficiencia, evitando cualquier irregularidad en la asignación y distribución de los recursos.
En resumen, el bono Pepe representa un apoyo económico fundamental para miles de familias en situación de vulnerabilidad, que enfrentan el desafío de adaptarse a las nuevas condiciones económicas del país. La medida busca equilibrar el ajuste fiscal con la protección social, en un momento clave para el desarrollo y la estabilidad de Bolivia. (Bolivia.com)