El Gobierno presentó este martes pruebas contundentes que permiten rastrear una red organizada dedicada al robo y la adulteración de combustibles, con operaciones tanto en Bolivia como en Chile. Según las investigaciones oficiales, en apenas cinco meses se habrían afectado aproximadamente 150 millones de litros de diésel y gasolina, provocando daños al parque automotor y pérdidas económicas millonarias, mientras se evidencia la participación de empresas, conductores y estructuras logísticas que facilitaron la operación ilícita.
El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, detalló que los perpetradores introducían agua sucia y aceite usado en los camiones cisterna, reemplazando el combustible que previamente desviaban para la venta a particulares. Esta práctica no solo comprometía la calidad de los combustibles distribuidos en Bolivia, sino que también generaba riesgos mecánicos y financieros significativos, estimando un perjuicio de alrededor de 150 millones de dólares solo considerando los volúmenes y precios de venta en Chile.
Según Oviedo, la red contaba con dos puntos estratégicos: uno en territorio chileno y otro en Bolivia. En Chile, las operaciones se concentraban en puertos y zonas como Arica, Iquique y Mejillones, donde se desviaban las cisternas hacia garajes particulares que funcionaban como surtidores artesanales. En estos lugares, el combustible sustraído era vendido a precios menores, mientras que los camiones regresaban cargados con la mezcla de agua y aceite, asegurando la continuidad de la adulteración sin alterar los precintos de seguridad de los vehículos.
La investigación, que se realiza de manera conjunta con policías y fiscalías de ambos países, también apunta a posibles conexiones con Paraguay y Argentina, en un esfuerzo por determinar si estas prácticas se extendieron más allá de Bolivia y Chile. Oviedo presentó videos y fotografías como evidencia, mostrando las manipulaciones realizadas a las cisternas y el almacenamiento de combustible en condiciones irregulares, lo que confirma la existencia de una estructura criminal organizada y sistemática.
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por el ministro es la posible vinculación de esta red con antiguos contratos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), lo que sugiere un componente financiero y administrativo que facilitaba la operación delictiva. Oviedo aseguró que el Gobierno busca llevar a los responsables ante la justicia y que cada procedimiento se realizará dentro del marco legal, sin fines de represalia, sino para garantizar transparencia y reparación del daño causado al Estado y a los ciudadanos.
El mecanismo utilizado por los delincuentes consistía en extraer combustible de las cisternas mediante válvulas inferiores, evitando así alterar los sellos de seguridad, y comercializarlo en cantidades significativas a particulares en garajes informales. Esta práctica afectó tanto el suministro normal de carburantes en Bolivia como la confiabilidad de los combustibles importados, evidenciando la sofisticación y planificación de la red para operar durante meses sin ser detectada.
Finalmente, Oviedo enfatizó que las diligencias continuarán y que la coordinación internacional es clave para desmantelar completamente esta organización. La investigación apunta a esclarecer no solo la operación logística, sino también los responsables legales y financieros detrás de la red, asegurando que el Estado boliviano pueda recuperar parte de los daños sufridos y prevenir futuras vulneraciones en la cadena de suministro de combustibles. (La Razón)