El Ejecutivo boliviano aseguró que el aumento de la Renta Dignidad, que eleva el beneficio a Bs 500 para las personas mayores de 60 años que no reciben aportes contributivos, se mantendrá garantizado a pesar de los cuestionamientos surgidos sobre su aplicación inmediata. La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo 5516, promulgado por la administración del presidente Rodrigo Paz, y forma parte del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que brinda apoyo económico a los adultos mayores durante 12 meses consecutivos, con un tope anual de Bs 1.800.
En días recientes, algunos especialistas señalaron que el incremento podría enfrentar limitaciones legales, dado que la Ley 3791, que regula la Renta Dignidad desde 2007, aún no ha sido modificada para alinearse con el decreto. Frente a estas observaciones, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que el Gobierno trabaja en una interpretación legal que permita asegurar el pago del beneficio sin contratiempos.
“Estamos trabajando en la interpretación correspondiente; el pago está garantizado y se definirá cómo se implementará, cumpliendo con todos los preceptos legales que correspondan”, declaró Lupo. La autoridad añadió que, independientemente del mecanismo utilizado, los adultos mayores recibirán el beneficio, ya sea mediante la interpretación del decreto o mediante ajustes legales complementarios.
El artículo 10 del Decreto Supremo 5516 especifica que se incrementa la Renta Dignidad en Bs 150 para quienes reciben este beneficio y no cuentan con aportes contributivos, elevando el monto total a Bs 500. Este ajuste forma parte de los esfuerzos del Gobierno por fortalecer la protección social de los adultos mayores y garantizar su acceso a recursos mínimos para una vida digna.
El programa PEPE, que incluye este incremento, tiene un enfoque dirigido a quienes no perciben pensión de la Seguridad Social de Largo Plazo, asegurando un apoyo económico constante durante un año. Las autoridades reiteraron que los procedimientos legales necesarios para la aplicación plena del aumento están en curso, pero que el compromiso de garantizar el pago a los beneficiarios es absoluto y prioritario para la gestión del Ejecutivo. (Los Tiempos)