El Gobierno nacional analiza la modificación de normas legales con el objetivo de consolidar la política de cielos abiertos en Bolivia, una iniciativa orientada a permitir el ingreso de más aerolíneas internacionales y mejorar la conectividad aérea del país. La propuesta surge ante el creciente interés de distintas compañías aéreas en operar rutas hacia territorio boliviano.
El anuncio fue realizado por el ministro de Obras Públicas, quien explicó que actualmente se estudia la posibilidad de cambiar dos leyes y un decreto vinculados al sector aeronáutico. Estas modificaciones permitirían establecer un marco legal más flexible que facilite la llegada de nuevas empresas de transporte aéreo.
Las autoridades señalaron que el proceso se realiza en coordinación con la Organización de Aviación Civil Internacional, organismo que brinda asistencia técnica para implementar este tipo de políticas en distintos países. El objetivo es asegurar que cualquier cambio se realice bajo estándares internacionales de seguridad y regulación.
Como parte de este trabajo, delegaciones técnicas bolivianas sostuvieron reuniones con especialistas del organismo internacional para analizar experiencias y evaluar los ajustes necesarios en la normativa nacional. Estos encuentros permitieron avanzar en propuestas destinadas a modernizar el sistema aeronáutico y fortalecer los servicios vinculados al transporte aéreo.
La iniciativa busca que más aerolíneas operen en Bolivia, lo que podría generar mayor competencia en el mercado y ampliar la oferta de vuelos nacionales e internacionales. De acuerdo con las autoridades, esto también contribuiría a dinamizar el turismo y facilitar el transporte de pasajeros hacia distintas regiones del país.
En regiones alejadas o con limitadas alternativas de transporte terrestre, la conectividad aérea resulta especialmente importante para el desarrollo económico. Por ello, el Gobierno considera que una política de cielos abiertos puede favorecer la integración regional y mejorar el acceso a servicios de transporte para la población.
Mientras continúan las evaluaciones técnicas y legales, las autoridades del sector trabajan en propuestas que permitan aplicar la política de manera gradual, buscando equilibrar la apertura del mercado con la regulación necesaria para garantizar un servicio seguro y eficiente. (La Razón)