El Gobierno nacional informó que el caso conocido como “harina subvencionada” habría generado un daño económico al Estado que podría alcanzar los 1.000 millones de bolivianos, según estimaciones preliminares del Ministerio de Desarrollo Productivo. El proceso investiga un presunto esquema de corrupción entre funcionarios de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y dirigentes del sector panificador.
El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Justiniano, explicó que la afectación económica detectada hasta el momento corresponde únicamente a una de las áreas de Emapa, específicamente la encargada de la entrega de insumos subvencionados para la producción de pan. En ese sentido, advirtió que el monto total del daño podría incrementarse conforme avancen las investigaciones en otras dependencias de la empresa estatal.
La autoridad señaló que los antecedentes recopilados fueron remitidos a la Fiscalía, respetando el principio de presunción de inocencia, para que se realicen las investigaciones correspondientes. Justiniano afirmó que, con la información disponible, es posible alcanzar con facilidad una afectación superior a los 1.000 millones de bolivianos, considerando solo una parte de las operaciones de Emapa.
En el marco del caso, el jueves fueron aprehendidos Zenón Mamani y Néstor Huanca, exministros de Desarrollo Productivo durante la gestión del presidente Luis Arce. Ambos son investigados debido a la presunta existencia de conocimiento o responsabilidad en los hechos irregulares detectados dentro de la empresa estatal.
Según las investigaciones, Rubén Ríos, exsecretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), habría participado en un esquema mediante el cual se vendía harina a Emapa a un precio superior a los 400 bolivianos por quintal. Posteriormente, la estatal distribuía ese mismo producto al sector panificador a un precio subvencionado cercano a los 100 bolivianos.
De acuerdo con las autoridades, este mecanismo permitía que el Estado comprara harina a precios elevados, la entregara a bajo costo y luego volviera a adquirir el mismo producto nuevamente a precios altos, generando un diferencial aproximado de 300 bolivianos por quintal. Ese excedente habría sido utilizado, presuntamente, para beneficiar económicamente a exfuncionarios de Emapa y a panificadores vinculados al dirigente investigado.
Como resultado de este proceso, Franklin Flores, exgerente de Emapa, y Rubén Ríos se encuentran actualmente con detención preventiva, mientras continúan las investigaciones. Inicialmente, se estimó que el daño económico ascendía a cerca de 6 millones de bolivianos; sin embargo, conforme se profundizaron las pesquisas, el monto habría aumentado de manera considerable.
El ministro Justiniano también advirtió que podrían existir irregularidades en otras áreas de Emapa, como las plantas industriales, donde se presume que podrían encontrarse nuevos indicios de corrupción que incrementen el daño económico al Estado.
Por su parte, durante su aprehensión, el exministro Néstor Huanca negó cualquier vinculación con los hechos investigados y aseguró que no tenía conocimiento de las presuntas irregularidades, declarando su inocencia ante las acusaciones. Mientras tanto, las autoridades continúan con las indagaciones para establecer responsabilidades y determinar el impacto total del caso. (La Razón)