El Gobierno confirmó este lunes que la subvención estatal a la harina, destinada a mantener el precio del pan de batalla, llegó a su fin. La medida se oficializa en medio del incremento del costo del pan, que pasó de 50 a 80 centavos y que ha generado rechazo entre la población.
El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, explicó que la decisión responde a múltiples irregularidades detectadas en el manejo del subsidio. Según la autoridad, en los últimos cuatro años se destinaron casi mil millones de bolivianos a este mecanismo, recursos que —denunció— terminaron beneficiando a grupos organizados que habrían aprovechado la diferencia de precios para generar ganancias indebidas.
“Este esquema se convirtió en un instrumento para clanes y mafias que se metían al bolsillo el dinero de los bolivianos. Ese modelo no puede continuar”, afirmó Serrano, al advertir que existen responsables que deberán responder ante la Justicia.
El ajuste en los precios se dio en medio de protestas de los panificadores, quienes aseguran que el costo de producción se elevó y que la subida a 80 centavos es inevitable para evitar pérdidas. Paralelamente, ciudadanos en distintas ciudades del país han expresado su molestia y piden la intervención del Gobierno para evitar que el precio continúe subiendo.
Irregularidades en el subsidio
Serrano detalló que el mecanismo fraudulento operaba a través de la importación de harina a costos inflados por allegados a los beneficiarios. Emapa compraba luego esa harina a un precio menor y el Estado cubría la diferencia, generando un gasto millonario. Además, se identificaron registros de panificadores inexistentes que figuraban como receptores del producto subvencionado.
Frente a esta situación, el Ministerio de Desarrollo Productivo ya presentó denuncias formales. La Policía y la Fiscalía buscan actualmente al exgerente de Emapa, Franklin Flores, y al dirigente de los panificadores, Rubén Ríos, señalados como parte de estas presuntas irregularidades.
El precio del pan, en debate
Mientras se desarrollan las investigaciones, el Gobierno sostiene que trabaja para garantizar que el pan se comercialice “al precio más adecuado” y asegura que se coordinarán medidas para evitar un impacto mayor en la economía de las familias.
Sin embargo, en ciudades como La Paz y Cochabamba persiste la escasez temporal del producto tras el anuncio del incremento, lo que mantiene en alerta a los consumidores.
El tema seguirá en debate en los próximos días, mientras avanza la búsqueda de los principales implicados en el presunto esquema de corrupción y se ajusta el nuevo modelo de abastecimiento de harina sin subvención estatal.