La Fiscalía de La Paz admitió formalmente una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales y otras once personas, acusadas de participar como “autores y cómplices” en presuntos delitos de trata de personas relacionados con Noemí Meneses Chávez, una joven que, según la denuncia, fue trasladada a distintos lugares del país entre 2015 y 2020.
El caso fue presentado en 2020 por Marcelo Alcázar, exdirector del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), quien aseguró haber enfrentado presiones políticas y haber sido removido de sus funciones por investigar hechos que involucraban directamente al expresidente. Según el memorial, la víctima habría sido trasladada en al menos 37 ocasiones para encuentros con Morales, algunos de los cuales se habrían realizado sin cumplir los requisitos legales para menores de edad.
La denuncia describe la existencia de una presunta “organización criminal” formada por funcionarios y exfuncionarios públicos encargados de coordinar los traslados, la logística y el encubrimiento de los encuentros. Entre los señalados como cómplices se encuentran el exgerente de Boliviana de Aviación, Ronald Casso; Rodolfo Castro, actual funcionario de Mi Teleférico; Luis Hernán Soliz Morales, asistente personal de Morales en 2020; y Carla Lorena Sandy, quien ocupó varios cargos durante los gobiernos del MAS y actualmente se desempeñaría como segunda secretaria de Bolivia ante la ONU.
El denunciante argumenta que allegados a Morales adquirieron los pasajes aéreos para Meneses y que se omitieron los protocolos de seguridad y permisos requeridos para menores. Asimismo, se menciona que empleados de BoA y las terminales aéreas de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz no habrían exigido la documentación correspondiente.
El documento presentado ante la Fiscalía solicita que Morales y los demás involucrados sean procesados y sancionados de acuerdo con la legislación penal boliviana vigente, la cual prevé penas de hasta 15 años de cárcel por trata de personas.
El caso ha generado gran atención mediática y plantea un complejo proceso judicial, dado que involucra a altos exfuncionarios y actuales representantes estatales, además del contexto político de denuncias previas contra Morales y su entorno. La investigación continuará en los próximos meses bajo la supervisión del Ministerio Público, que deberá determinar responsabilidades y garantizar el debido proceso para todas las partes involucradas. (El Deber)