Un nuevo escándalo sacude al sector energético boliviano tras descubrirse el intento de ingreso de más de 32 mil litros de combustible contaminado a la planta de Senkata, en la ciudad de El Alto. El hecho, detectado a tiempo por controles técnicos, evitó que gasolina en mal estado llegue al mercado interno, lo que habría generado serios perjuicios a miles de usuarios y vehículos en el país.
El cargamento provenía desde Chile, específicamente tras haber sido cargado en la zona de Iquique, y tenía como destino las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Sin embargo, durante el procedimiento habitual de verificación, técnicos detectaron anomalías visibles en el combustible, como un color oscuro inusual que encendió las alertas sobre una posible adulteración del producto.
De acuerdo con informes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el control de calidad permitió establecer que el carburante no cumplía con los estándares exigidos. Este tipo de verificaciones forma parte de los protocolos estrictos implementados para garantizar que los combustibles distribuidos en el país sean seguros y adecuados para su uso.
Las investigaciones preliminares apuntan a que el conductor de la cisterna habría manipulado la carga durante el trayecto. Según los datos recabados, el chofer habría sido contactado por una persona en territorio chileno, quien le propuso comercializar parte del combustible y completar el volumen restante con otro líquido de dudosa procedencia, generando así la contaminación del producto.
El caso ya se encuentra en manos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), cuyo director departamental, Henry Pinto, confirmó la aprehensión del conductor. La investigación se lleva adelante bajo la figura de presunto sabotaje, aunque no se descarta que la tipificación del delito pueda ampliarse conforme avancen las indagaciones.
Las autoridades también analizan la posible existencia de una red organizada detrás de este hecho, que podría involucrar a transportistas, intermediarios e incluso empresas vinculadas al traslado internacional de combustibles. Este elemento añade gravedad al caso, ya que sugiere un esquema más amplio de adulteración y comercialización irregular dentro de la cadena de suministro.
Por su parte, YPFB aseguró que actuará como parte afectada dentro del proceso judicial y reafirmó su compromiso con la transparencia. La estatal anunció que colaborará activamente con el Ministerio Público para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, al tiempo que reforzará los controles para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en el futuro. (El Deber)