El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Rolando Kempff, manifestó este jueves que los bloqueos y protestas que paralizan carreteras y la ciudad generan pérdidas significativas para la economía local y nacional, por lo que el sector empresarial respalda la aprobación de una ley antibloqueos. Según Kempff, la ciudad de La Paz es la más afectada, dado que muchas medidas de protesta se concentran en la sede de Gobierno y afectan la conexión con otros departamentos.
El empresario explicó que estas interrupciones afectan a las cadenas productivas, la logística de exportación e importación y disminuyen la productividad de los negocios locales. “Los paceños tenemos que vivir las cadenas de interrupciones en las carreteras y en la ciudad nos afecta, que el tema de productividad se baja totalmente. Necesitamos tranquilidad”, aseguró en declaraciones a RTP. Además, enfatizó que los bloqueos dañan la imagen del país frente a turistas, provocando que Bolivia sea percibida negativamente y reduciendo la llegada de visitantes a destinos clave.
Kempff señaló que el turismo podría generar ingresos cercanos a los 3.000 millones de dólares, pero los conflictos sociales y bloqueos han impactado directamente en la percepción internacional. “Este impacto es fuerte, no solamente es por el día afectado, sino que muchos turistas ponen a Bolivia en luz roja y ya no vienen a ver nuestros destinos turísticos”, precisó. Asimismo, exhortó a las organizaciones sociales, incluyendo a la Central Obrera Boliviana (COB), a considerar que la mayoría de los bolivianos votó por cambios que buscan estabilidad y desarrollo para el país.
En el plano legislativo, la Cámara de Senadores aprobó este jueves, con más de dos tercios de respaldo, que el proyecto de ley para sancionar bloqueos sea remitido a una comisión integrada, con el fin de profundizar su análisis y agilizar su tratamiento. La iniciativa fue presentada por la senadora Claudia Mallón, de APB-Súmate, y busca generar mecanismos legales que protejan la circulación, la economía y la seguridad de los ciudadanos.
Sin embargo, el proyecto enfrenta oposición de algunos sectores sociales, como la COB y organizaciones de transporte, que argumentan que la ley podría convertirse en un obstáculo para hacer escuchar sus demandas y luchar por sus derechos, lo que ha generado un debate entre la protección de la economía y el derecho a la protesta.