El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, acudió este lunes a las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en La Paz para presentar una solicitud formal de información que le permita iniciar una demanda penal contra los responsables de la distribución y venta de combustible de mala calidad. La diligencia busca esclarecer responsabilidades por el daño económico al Estado y los perjuicios ocasionados a los motores de vehículos, especialmente del transporte público.
Lara llegó acompañado de su grupo de seguridad, incluyendo su edecán y tres policías de civil, y entregó personalmente el documento al personal de YPFB, siendo recibido por una funcionaria de la estatal. La solicitud está dirigida al presidente de YPFB, Yussef Akly, y contempla la recopilación de todos los registros y contratos relacionados con la calidad del combustible distribuido en el país.
En declaraciones difundidas en redes sociales, Lara señaló que la intención es contar con “toda la información pertinente para llevar adelante una denuncia penal en contra de quienes causaron daño económico al Estado y afectaron a los vehículos de los ciudadanos”. Asimismo, solicitó datos sobre la empresa argentina Camin Cargo Control Argentina, que supuestamente verificó la calidad del carburante. El Gobierno había asegurado previamente que esta firma no fue contratada, aunque documentos revelados indican que se le adjudicó un contrato de más de 8,8 millones de bolivianos para la verificación de cantidad y calidad del combustible.
El caso surge después de que el gobierno del presidente Rodrigo Paz reconociera la distribución de combustible de mala calidad, tras semanas de negarlo. El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó que se activará un seguro para cubrir los daños a los vehículos afectados por el carburante “desestabilizado”.
Lara denunció que la empresa argentina no cumplió adecuadamente su función de control y que, posteriormente, se canceló su contrato, impidiendo la ejecución de la boleta de garantía. El vicepresidente ya había anunciado previamente la recopilación de información para emprender acciones legales por los daños provocados.
El Gobierno sostiene que el problema fue resuelto y que la población puede adquirir combustible con seguridad, aunque la iniciativa de Lara evidencia que persisten dudas sobre la cadena de responsabilidades y la verificación de calidad en YPFB. (Visión 360)