El gobierno de Rodrigo Paz Pereira promulgó el lunes 30 de marzo de 2026 el Decreto Supremo 5595, una norma orientada a reducir la burocracia, eliminar trámites innecesarios y modernizar la gestión pública en Bolivia. Según las autoridades, la medida pretende desmontar lo que denominan el “Estado tranca”, caracterizado por procesos lentos, duplicación de requisitos y excesiva regulación que afectan tanto a ciudadanos como a empresas.
Uno de los principales mandatos del decreto es la revisión obligatoria de todos los trámites públicos. Cada entidad del nivel central del Estado deberá identificar procedimientos innecesarios y justificar técnicamente los requisitos que exige. El objetivo es eliminar cargas regulatorias excesivas, simplificar procesos y acortar los tiempos de atención. Las instituciones deben elaborar un inventario completo de sus procedimientos y remitirlo al Ejecutivo para su evaluación dentro del proceso de simplificación administrativa.
El decreto establece la creación de un Catálogo Nacional de Trámites, una base de datos oficial donde se registrarán todos los procedimientos administrativos del Estado. Este registro contendrá información detallada sobre cada trámite: requisitos, plazos de atención, costos, entidad responsable y la base legal que lo sustenta. Una vez implementado, ninguna institución podrá exigir un trámite que no esté incluido en este catálogo, lo que busca eliminar requisitos arbitrarios o informales.
Otra medida clave del Decreto 5595 es la eliminación de requisitos duplicados. Las entidades públicas no deberán solicitar documentos que ya existan en otras bases de datos oficiales, como certificados o información personal registrada en instituciones estatales. Para facilitar esto, el Gobierno fomentará la interoperabilidad entre sistemas públicos, permitiendo que los datos se compartan de manera digital y evitando trámites repetidos.
El decreto también impulsa la digitalización de la gestión pública, promoviendo que más procedimientos se puedan realizar en línea. Con ello se busca disminuir la necesidad de presencia física de los ciudadanos en oficinas públicas, reducir tiempos de atención, disminuir costos administrativos y acercar la gestión estatal a la población de manera más eficiente.
Asimismo, la norma establece mecanismos de evaluación y control institucional. Las entidades deberán reportar periódicamente los avances y resultados del proceso de simplificación, lo que permitirá al Gobierno supervisar la implementación del decreto y asegurar que los objetivos de eficiencia, transparencia y reducción de cargas burocráticas se cumplan de manera efectiva.
Finalmente, el Ejecutivo sostiene que el Decreto 5595 forma parte de una reingeniería del aparato estatal, orientada a construir una administración pública ágil, moderna y transparente. La reforma busca mejorar el clima de inversión, reducir costos para ciudadanos y empresas, y fomentar un funcionamiento más eficiente del Estado, garantizando que la burocracia deje de ser un obstáculo para el desarrollo económico y social del país. (El Deber)