Las quejas por el rechazo de billetes de la serie B en distintos comercios y servicios de transporte continúan generando preocupación en la población. Ante esta situación, diversas figuras políticas comenzaron a pedir al Banco Central de Bolivia (BCB) que reconsidere la restricción aplicada a este dinero para evitar mayores problemas en las transacciones diarias.
La controversia surgió luego del accidente de una aeronave militar que transportaba material monetario y que sufrió un siniestro en la ciudad de El Alto. Tras el hecho, la entidad monetaria decidió inhabilitar los billetes de la serie B de las denominaciones de 10, 20 y 50 bolivianos, debido a que parte del dinero fue sustraído en el lugar del accidente.
Sin embargo, la medida provocó confusión entre comerciantes y ciudadanos, ya que identificar los billetes específicos que quedaron anulados no resulta sencillo. Como consecuencia, varios negocios optaron por no aceptar ningún billete de esa serie para evitar riesgos, lo que derivó en múltiples reclamos de personas que intentan utilizar ese dinero en sus actividades cotidianas.
Aunque el BCB habilitó herramientas digitales para verificar la validez de los billetes, muchos usuarios señalan que no siempre tienen acceso a internet o tiempo para realizar la comprobación. Esta situación generó dificultades en mercados, tiendas y el transporte público, donde con frecuencia se rechazan estos cortes.
Frente a este panorama, el diputado Carlos Alarcón presentó un proyecto de ley que propone reconocer la validez de todos los billetes de la serie B emitidos por la autoridad monetaria. El legislador explicó que la iniciativa no pretende encubrir el hurto del dinero extraviado durante el accidente, sino evitar que los ciudadanos resulten perjudicados por la incertidumbre.
A las críticas también se sumaron otros actores políticos que consideran que la restricción generó más problemas que soluciones. Algunos sostienen que el banco central debería buscar una salida práctica que permita restablecer la confianza en el efectivo y evitar que la población siga enfrentando dificultades para utilizar su dinero.
Mientras tanto, el debate continúa abierto y la presión pública aumenta para que las autoridades adopten una decisión definitiva que permita normalizar la circulación de los billetes cuestionados y reducir la confusión en las actividades comerciales del país. (La Razón)