La reciente decisión del presidente Rodrigo Paz de limitar las atribuciones de la Vicepresidencia mediante el Decreto Supremo 5552 ha generado un fuerte debate político y cuestionamientos sobre la institucionalidad del cargo. Diputados de distintas bancadas y analistas califican la medida como un “golpe institucional”, mientras que el propio vicepresidente del Estado, Edmand Lara, denunció que su despacho ha quedado reducido a un “florero”.
Legisladores del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de la bancada Libre coincidieron en que el decreto atenta contra la autonomía de la Vicepresidencia. El asambleísta Daniel Fernández afirmó que la norma busca silenciar una voz que representa a los sectores más vulnerables y advirtió que se están viviendo tiempos de imposición que afectan la institucionalidad democrática.
Por su parte, la diputada Lissa Claros señaló que la medida constituye un atropello a la independencia de los poderes y sostuvo que no se trata de defender personas, sino de proteger la estructura institucional del Estado, que considera vulnerada por el decreto.
El legislador de Libre, Armin Lluta, indicó que el vicepresidente “ya es un florero sin agua”, refiriéndose a la pérdida de facultades incluso para designar funcionarios. Según Lluta, la reducción de atribuciones envía un mensaje negativo y profundiza las tensiones políticas internas, señalando que actualmente existen dos vicepresidentes en la práctica: uno elegido por voto popular y otro con funciones designadas mediante decreto.
En defensa del Decreto Supremo 5552, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, René Flores, aseguró que la medida es constitucional y se sustenta en el artículo 174 de la Carta Magna, que establece las competencias de la Vicepresidencia.
La diputada Claudia Herbas, de Alianza Social, destacó que, en la práctica, el rol operativo de la Vicepresidencia ahora recae en José Luis Lupo, a quien calificó como un “candidato perdedor” de elecciones pasadas, mientras que las funciones administrativas y de gestión fueron transferidas al Ministerio de la Presidencia.
El decreto elimina prácticamente todas las funciones administrativas de la Vicepresidencia y limita su acción a tareas de apoyo legislativo y asesoramiento. Según el abogado constitucionalista Ramiro Sánchez, la norma genera una subordinación funcional y económica del cargo, al concentrar la gestión administrativa y presupuestaria en la Presidencia.
Sánchez explicó que, aunque constitucionalmente el Presidente puede regular ciertas atribuciones del Vicepresidente, la medida representa una restricción significativa en el manejo de recursos y en la capacidad de decisión del segundo mandatario, lo que ha provocado el malestar de legisladores y analistas.
La situación ha encendido un debate político sobre la independencia de los poderes y la redefinición de roles dentro del Ejecutivo, mientras el Gobierno defiende la legalidad de la medida como un ajuste administrativo dentro del marco constitucional. (Los Tiempos)