La gestión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se encuentra en el centro de la polémica luego de que la bancada de Alianza Popular presentara una denuncia penal contra su presidente, Yussef Akly, por presuntas irregularidades en la adquisición de petróleo que podrían constituir sobreprecios y daños económicos al Estado.
Según los legisladores, el cambio de proveedor de Botrading S.A. a Trafigura habría generado un incremento mensual en los costos de alrededor de 4 millones de dólares, lo que se traduce en aproximadamente 48 millones de dólares adicionales al año. La denuncia señala posibles contratos lesivos al interés público, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, e insta a que las autoridades investiguen las responsabilidades legales del titular de YPFB.
El anuncio provocó un intenso debate en la Asamblea Legislativa, donde diversos sectores cuestionan los mecanismos de control interno y la transparencia en la contratación de proveedores internacionales de hidrocarburos. Expertos en gestión pública advierten que, de confirmarse los supuestos sobreprecios, las consecuencias podrían extenderse tanto a nivel legal como político, y recalcan la necesidad de fortalecer los sistemas de auditoría para garantizar el uso eficiente de los recursos del Estado.
Frente a estas acusaciones, YPFB emitió un comunicado oficial rechazando cualquier irregularidad en el proceso de adquisiciones. La empresa asegura que todas las compras realizadas durante la actual gestión son “responsables, transparentes y legales”. Además, enfatizó que vincular el proceso PAC 5096 —encargado del suministro de crudo y condensado para el mercado interno— con sobreprecios es incorrecto, ya que las comparaciones se basan en “precios históricos” que no reflejarían las condiciones actuales del mercado.
Según YPFB, en el proceso PAC 5096 se presentaron ofertas para dos locaciones: DAP Arica, con tres propuestas, y DAP Pocitos, con una sola oferta. La estatal señala que en ambos casos el precio más bajo fue presentado por Trafigura. Sin embargo, la empresa aclara que hasta el momento no se ha firmado ningún contrato con esta compañía, ya que la adjudicación final requiere completar revisiones técnicas, jurídicas y documentales, así como la entrega de la documentación pendiente por parte del proveedor.
El comunicado también sostiene que las versiones sobre supuestos sobreprecios buscan afectar la reputación de la estatal y desviar la atención de “casos de corrupción de gestiones anteriores”. YPFB adelantó que adoptará las acciones legales necesarias para proteger su buen nombre y los intereses del Estado.
La controversia pone de relieve la sensibilidad del manejo de recursos estratégicos en Bolivia y la atención pública sobre la gestión de la estatal petrolera. Analistas destacan que la supervisión de contratos internacionales y la transparencia en la administración de fondos públicos son esenciales para evitar perjuicios económicos y garantizar que decisiones administrativas se tomen de manera correcta y eficiente.
Mientras se desarrollan las investigaciones y revisiones correspondientes, distintos sectores políticos, sociales y de vigilancia ciudadana siguen de cerca la evolución del proceso, conscientes de que los resultados podrían tener implicaciones legales y políticas importantes. La situación, por ahora, mantiene en alerta tanto a la sociedad como al propio gobierno, en un contexto donde la fiscalización de recursos estratégicos es un tema prioritario. (ATB Digital)