La contralora general del Estado, Sandra Quiroga, respaldó este viernes la ampliación por tres meses del arraigo obligatorio de las exautoridades del gobierno de Luis Arce Catacora, medida que aún espera la aprobación formal de la Asamblea Legislativa. Según Quiroga, esta extensión permitirá a la Contraloría continuar con su labor de control y supervisión, garantizando un manejo transparente de los recursos públicos y el correcto cumplimiento de las responsabilidades de los exfuncionarios.
“La Contraloría está trabajando arduamente; vamos a tener resultados concretos y la ampliación del plazo nos ayuda a emitir el pronunciamiento respectivo, que brinde tranquilidad sobre el uso adecuado de los recursos públicos”, afirmó la autoridad durante una conferencia de prensa.
El jueves, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la medida con el objetivo de asegurar la disponibilidad de las exautoridades ante posibles investigaciones administrativas o penales. La norma fue respaldada por la mayoría legislativa y remitida a la Cámara de Senadores para su respectivo procedimiento.
Quiroga enfatizó que, en caso de detectarse irregularidades o indicios de responsabilidad, la Contraloría actuará dentro del marco de sus atribuciones y conforme a la normativa vigente. “Nuestro trabajo no se limita únicamente a este proceso; la vigilancia de los recursos públicos es constante y se realiza con objetividad, sin intereses personales ni persecuciones”, subrayó.
La contralora destacó que la institución trabaja de manera coordinada con todas las entidades públicas, incluyendo los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como otras instancias del Estado. En ese sentido, mencionó que la Contraloría mantiene comunicación diaria con la Dirección General de Migración, informando sobre los movimientos migratorios de exautoridades para asegurar el cumplimiento de las restricciones establecidas por la ley.
Desde el 8 de noviembre, fecha en la que cesaron las funciones del anterior gobierno, la Contraloría notificó de inmediato a las instancias correspondientes sobre la salida de cargos de los exfuncionarios y ha continuado reportando esta información de manera diaria. Quiroga insistió en que el control sobre la gestión pública tiene como objetivo fortalecer las instituciones y garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos del Estado.
“La supervisión que realizamos no debe interpretarse como persecución; nuestro objetivo es asegurar entidades públicas fortalecidas con controles efectivos, respetando siempre los principios de legalidad y objetividad”, concluyó la contralora. (La Razón)