La disponibilidad de gas licuado de petróleo (GLP) en Bolivia se ha visto severamente afectada por el contrabando hacia naciones limítrofes, donde el precio de una garrafa de 10 kilos puede alcanzar hasta 200 bolivianos, frente a los 22,50 bolivianos que cuesta en el mercado nacional gracias a los subsidios estatales. Según el analista de hidrocarburos Raúl Velásquez, esta brecha de precios incentiva fuertemente la salida ilegal del producto, complicando el abastecimiento interno.
El especialista explicó que, tras la eliminación del subsidio al diésel mediante el Decreto 5516, muchos de quienes operaban en el comercio ilícito de ese combustible encontraron en el GLP una nueva fuente de ingresos. “Los contrabandistas que antes traficaban diésel ahora se han volcado al gas licuado, que sigue subsidiado”, advirtió.
Velásquez también señaló un problema estructural: la producción de gas natural ha caído un 52% en la última década, lo que repercute directamente en la cantidad de GLP disponible. Este descenso sostenido, advirtió, no se resolverá de inmediato y podría tardar entre cinco y ocho años en normalizarse.
Hacia un ajuste gradual y focalizado del subsidio
Frente a esta situación, el experto planteó la necesidad de revisar la política de subsidios al GLP. Propuso incrementos progresivos de hasta 10% anual, combinados con una focalización que priorice a las familias más vulnerables. “Actualmente, parte del gas subsidiado se utiliza para fines no esenciales, como calentar piscinas. Es crucial que la ayuda llegue a quienes realmente lo necesitan”, señaló.
El control del contrabando, especialmente en zonas fronterizas del altiplano, es complejo, pero imprescindible, afirmó Velásquez. La estrategia, indicó, debe combinar vigilancia fronteriza con una política de asignación más eficiente de los subsidios.
Importaciones y presión sobre las finanzas públicas
El analista advirtió que, si la producción continúa en descenso, Bolivia podría verse obligada a importar GLP ya desde mediados de este año y gas natural alrededor de 2028. Importar a precios internacionales y mantener el subsidio local generaría un déficit que el Estado tendría dificultades para cubrir, dada la situación fiscal actual.
Finalmente, Velásquez enfatizó la urgencia de una política energética y de hidrocarburos de largo plazo que promueva exploración y atraiga inversiones. “El país necesita descubrir al menos tres nuevos megacampos, y para ello se requieren cambios legales y regulatorios. Sin ellos, revertir la caída productiva será casi imposible”, concluyó. (El Deber)