Choferes de Bolivia anunciaron este miércoles la ruptura del diálogo con el Gobierno tras la ausencia del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, en la reunión que estaba destinada a abordar el resarcimiento por los daños provocados por la gasolina desestabilizada que circuló en semanas recientes. La cita, organizada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tenía como propósito definir mecanismos para compensar a los transportistas que tuvieron que realizar reparaciones en sus motores debido a los problemas generados por el combustible de mala calidad. Sin embargo, la falta de claridad y de presencia de autoridades clave derivó en la interrupción del diálogo.
El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Quispe, expresó su descontento por la ausencia del ministro Medinaceli, señalando que esto representó una falta de respeto hacia todo el sector del transporte. “Esta era una reunión justamente para atender las necesidades del transporte boliviano por haber sido dañado por la mala calidad del combustible”, indicó Quispe, subrayando que la falta de participación de las autoridades principales generó molestia y desconfianza entre los dirigentes y afiliados de la confederación.
Quispe también cuestionó la intervención del vicepresidente Edmand Lara, quien se presentó en la reunión para respaldar las denuncias sobre el estado de los carburantes y criticar a las autoridades del sector. Según el dirigente, la participación del vicepresidente corre el riesgo de politizar la denuncia de los choferes, por lo que el sector decidió rechazar su participación. La confederación dejó claro que su objetivo es obtener respuestas y soluciones concretas, y no permitir que la situación se convierta en un tema político.
Con el diálogo roto, los choferes anunciaron la convocatoria a un ampliado nacional, en el cual se definirán las acciones a seguir. Quispe advirtió que no se descartan medidas de presión que podrían incluir paros, bloqueos de rutas o movilizaciones masivas en distintas regiones del país. “Voy a convocar a un ampliado nacional para tomar las decisiones correspondientes, porque no se puede permitir que se interfiera en estas situaciones y que las autoridades muestren falta de principios. No podemos ser objeto de burla. El ampliado será quien determine los pasos a seguir. Si es necesario salir a las calles, lo haremos”, afirmó.
Según YPFB, aproximadamente 2.000 vehículos se vieron afectados por el combustible contaminado, que contenía residuos de goma y manganeso. La petrolera estatal informó que esta gasolina desestabilizada se comercializó únicamente en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Oruro durante la gestión pasada de Luis Arce. Sin embargo, los choferes sostienen que los daños se presentaron a nivel nacional y que la cantidad de vehículos afectados es mucho mayor, afectando a cientos de transportistas en todo el país.
El conflicto evidencia la tensión entre el sector transporte y las autoridades estatales sobre la responsabilidad en la provisión de combustibles de calidad y la compensación por daños. La situación ha generado preocupación entre los afiliados de la confederación, que exigen soluciones inmediatas y claras, incluyendo mecanismos efectivos para resarcir los gastos ocasionados por la reparación de motores y otros daños asociados al combustible contaminado.
El próximo ampliado nacional será clave para definir la estrategia de los choferes y la presión que ejercerán sobre el Gobierno. Mientras tanto, el sector mantiene la advertencia de tomar medidas drásticas si no se atienden sus demandas, lo que podría generar un impacto importante en la movilidad y el transporte de carga y pasajeros en diversas regiones del país. La resolución del conflicto no solo es importante para los choferes, sino también para garantizar la estabilidad del suministro de transporte y el funcionamiento del sistema de movilidad urbana y regional. (La Razón)