El paro de 24 horas protagonizado por los choferes del transporte público y pesado en las ciudades de La Paz y El Alto fue calificado como “contundente” por sus dirigentes, quienes aseguraron que la medida tuvo un alto nivel de acatamiento. La protesta surge en respuesta a denuncias sobre la mala calidad del combustible y la falta de resarcimiento a los transportistas afectados, generando un fuerte impacto en la movilidad urbana y en la actividad económica.
El sector ha endurecido su postura y exige un diálogo directo con el presidente Rodrigo Paz Pereira, descartando cualquier posibilidad de negociación con otras autoridades del Ejecutivo. Los dirigentes consideran que las instancias intermedias han perdido credibilidad tras incumplimientos previos, por lo que ahora centran sus demandas en una respuesta directa desde el más alto nivel del Gobierno.
Entre las principales quejas se encuentra el incumplimiento de acuerdos relacionados con la provisión de combustible de calidad. Los transportistas aseguran que existen compromisos tanto verbales como escritos que no han sido respetados, lo que ha generado pérdidas económicas y daños mecánicos en sus unidades, agravando la situación del sector.
El dirigente Santos Escalante denunció además una supuesta “provocación” por parte del Gobierno, debido al despliegue policial destinado a evitar bloqueos. Según su criterio, existe un trato desigual en comparación con otras movilizaciones sociales, lo que ha incrementado la tensión entre el sector transportista y las autoridades.
En la misma línea, Limberth Tancara ratificó que no retomarán el diálogo con ministros ni otras autoridades sectoriales, insistiendo en que solo aceptarán una convocatoria directa del presidente. Esta posición refleja un quiebre en los canales habituales de negociación y eleva el nivel de conflicto político.
La magnitud de la protesta se evidenció en la instalación de más de 60 puntos de bloqueo en La Paz y alrededor de 70 en El Alto, además de cortes en zonas rurales. Esta paralización afectó el tránsito, el comercio y el transporte de bienes, generando preocupación por posibles efectos en cadena en otros sectores económicos.
Finalmente, los choferes advirtieron que, si no obtienen una respuesta favorable, avanzarán hacia un paro indefinido e incluso podrían coordinar movilizaciones a nivel nacional con otros departamentos. Mientras tanto, desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), su presidente Yussef Akly aseguró que el sistema de resarcimiento funciona con normalidad, lo que evidencia la brecha entre la versión oficial y las demandas del sector. (La Razón)