La investigación conocida como el “caso maletas” dio un nuevo giro este martes con la aprehensión de tres exfuncionarios de la Aduana Nacional, quienes se presentaron voluntariamente a declarar ante la Fiscalía. El proceso indaga el ingreso de equipaje al país sin someterse a los controles aduaneros correspondientes en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, un hecho que generó alerta por posibles irregularidades y uso indebido de influencias.
El abogado Joadel Bravo, defensor de uno de los implicados, detalló que cinco técnicos de la terminal aérea fueron citados a declarar por un presunto incumplimiento de deberes. No obstante, la Fiscalía decidió detener a tres de ellos para profundizar las investigaciones, mientras que los otros dos quedaron en libertad. Posteriormente, el Ministerio Público amplió la denuncia, incorporando el delito de uso indebido de influencias, tras considerar que podrían existir indicios de favorecimientos indebidos en el ingreso de equipaje sin revisión.
El origen del caso se remonta a noviembre del año pasado, cuando un vuelo privado aterrizó en Viru Viru con maletas que no habrían pasado por los controles aduaneros correspondientes. Inicialmente, Aduana realizó una investigación interna para determinar las posibles irregularidades; sin embargo, la gravedad de los hechos llevó a que el Ministerio Público abriera un proceso formal este año para esclarecer responsabilidades administrativas y penales.
La ampliación de los cargos se sustentó en las declaraciones de la directora jurídica de la Aduana y del jefe del aeropuerto que estaba de turno el día del ingreso irregular de equipaje. Según la Fiscalía, estos testimonios sugieren la necesidad de verificar si hubo algún tipo de presión, influencia indebida o negligencia que permitiera que el equipaje ingresara sin ser revisado, lo que podría configurar delitos contra la administración pública.
Hasta el momento, el proceso ya había incluido la aprehensión de otras tres personas vinculadas al caso: la exdiputada Laura Rojas, el juez Hebert Zeballos y un guardia de seguridad, quienes continúan bajo investigación. Con la detención de los tres exfuncionarios de Aduana, la Fiscalía busca determinar con mayor claridad las cadenas de responsabilidad y el posible involucramiento de funcionarios públicos en acciones irregulares.
Expertos en derecho administrativo señalan que casos como este pueden tener implicaciones legales significativas, no solo para los funcionarios detenidos, sino también para las instituciones involucradas. El uso indebido de influencias y el incumplimiento de deberes son considerados delitos graves, con posibles sanciones penales y administrativas que incluyen la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El Ministerio Público indicó que en las próximas horas se definirá la situación jurídica de los tres exfuncionarios aprehendidos, mientras que las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles del ingreso de equipaje sin control. Paralelamente, se espera que Aduana revise y fortalezca sus protocolos de control interno para prevenir futuras irregularidades en sus operaciones.
El “caso maletas” ha generado atención tanto en el ámbito político como en la ciudadanía, debido a que involucra a distintos actores públicos y pone de manifiesto la necesidad de garantizar la transparencia y la fiscalización efectiva en la gestión de recursos y operaciones estratégicas del Estado. Analistas destacan que la correcta administración de los controles aduaneros no solo protege las finanzas públicas, sino que también contribuye a la credibilidad de las instituciones frente a la sociedad.
Mientras tanto, la investigación sigue abierta y la expectativa es alta respecto a los resultados de las pesquisas y las decisiones judiciales que se tomen, las cuales podrían establecer precedentes en materia de control de equipaje y responsabilidades de funcionarios en Bolivia. (La Razón)