La red vial boliviana enfrenta una crisis sin precedentes, según denunció el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Ernesto Farfán Torres. La institución asegura que, para mantener en condiciones óptimas los más de 18 mil kilómetros de rutas nacionales, se requieren más de 1.000 millones de bolivianos al año, pero solo recibe cerca de 250 millones, apenas una cuarta parte de lo necesario. Esta situación ha convertido a las carreteras en estructuras vulnerables, especialmente frente a fenómenos naturales como lluvias intensas, derrumbes y deslizamientos de tierra.
El déficit de recursos se combina con años de construcciones mal ejecutadas, donde varios tramos estratégicos presentan fallas técnicas que afectan la seguridad de los usuarios. Obras emblemáticas como la carretera Cochabamba–Santa Cruz han mostrado grietas, hundimientos y problemas de drenaje, lo que evidencia que las soluciones implementadas no fueron suficientes para resistir las condiciones climáticas adversas y la presión del terreno.
La falta de inversión sostenida también ha incrementado la exposición a riesgos ambientales. La deforestación y la minería ilegal en zonas cercanas a las carreteras han debilitado los taludes y afectado la estabilidad del suelo, generando deslizamientos frecuentes y poniendo en riesgo tanto a transportistas como a comunidades que dependen de estas vías para su conexión diaria. Farfán explicó que algunas rutas están literalmente siendo “devoradas” por la erosión provocada por estas actividades extractivas.
Los efectos de esta crisis son visibles en la operatividad del transporte. Varias rutas críticas presentan restricciones para vehículos pesados, cierres parciales y limitaciones nocturnas, mientras que los accidentes y bloqueos por caída de rocas y lodo se han vuelto recurrentes. Transportistas y usuarios denuncian que la falta de mantenimiento ha convertido viajes de rutina en verdaderos desafíos, obligando a desviar rutas o suspender servicios en tramos especialmente afectados.
Además, la normativa vigente limita la capacidad de reacción de la ABC. La institución no puede intervenir de inmediato en emergencias viales sin la declaración formal de emergencia por parte de municipios o gobernaciones, lo que retrasa la atención de derrumbes y pone en riesgo la seguridad de los viajeros. Farfán resaltó la necesidad de actualizar la legislación para permitir acciones directas de la entidad en casos críticos.
Consciente de la gravedad, la ABC ha elaborado un Plan Nacional de Emergencias que contempla la intervención en más de 80 puntos críticos del país, con una inversión proyectada de 125 millones de dólares financiada por organismos internacionales como la CAF y FONPLATA. Sin embargo, el plan aún requiere aprobación legislativa, mientras la temporada de lluvias continúa poniendo a prueba la infraestructura vial existente.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, reconoció que el sistema de carreteras fue dejado en condiciones precarias durante décadas, con inversiones millonarias pero ejecutadas sin controles técnicos adecuados. Esto significa que, a pesar de los recursos asignados, la red vial sigue siendo vulnerable y requiere no solo rehabilitación, sino un cambio estructural en la planificación y gestión de mantenimiento. La advertencia es clara: sin financiamiento y supervisión adecuados, los bolivianos continuarán enfrentando riesgos en sus desplazamientos cotidianos. (El Deber)