La decisión de retirar el subsidio a los carburantes permitirá al Estado boliviano reducir su gasto anual en alrededor de 3.600 millones de dólares, siempre que la medida se sostenga pese a las protestas sociales. Las estimaciones oficiales indican que el alivio fiscal equivale a unos 10 millones de dólares diarios, recursos que antes se destinaban a mantener precios artificialmente bajos.
Durante los últimos años, el impacto de la subvención fue especialmente elevado. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que en los cinco años de gobierno de Luis Arce Catacora, Bolivia desembolsó más de 15.600 millones de dólares en la importación de gasolina, diésel y otros derivados. Esta cifra supera incluso el gasto registrado en la gestión del expresidente Evo Morales, que alcanzó poco más de 10.300 millones de dólares.
El 17 de diciembre, el presidente Rodrigo Paz anunció la eliminación definitiva del beneficio, vigente desde hace casi tres décadas y fortalecido durante los 20 años de administración del Movimiento Al Socialismo (MAS). La decisión provocó rechazo en sectores como el transporte, aunque también recibió el respaldo de empresarios y productores, quienes consideran que el ajuste es doloroso pero necesario para ordenar la economía.
Menos presión sobre las divisas
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Mauricio Medinaceli, calificó la medida como una acción inevitable para evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas. En declaraciones a Bolivia TV, explicó que la subvención consumía divisas a un ritmo insostenible y limitaba la capacidad del país para importar bienes esenciales.
Según la autoridad, los dólares que antes se destinaban al subsidio ahora permanecen en la economía nacional, lo que facilita el abastecimiento de combustible y reduce prácticas como el contrabando en zonas fronterizas. Para ilustrar el problema, recordó que un crédito externo de 100 millones de dólares apenas alcanzaba para cubrir diez días de subvención.
Además, informó que el Gobierno revisa el sistema de tarjetas de consumo destinado al sector agropecuario, al considerar que perdió su objetivo inicial y derivó en irregularidades.
Impacto económico y tipo de cambio
Por su parte, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, aseguró que tras la entrada en vigencia del Decreto Supremo 5503, el tipo de cambio se mantiene estable entre 9 y 10 bolivianos por dólar. Añadió que el país avanza hacia un modelo de tipo de cambio único y flotante, y destacó que la demanda de dólares comienza a disminuir al reducirse el gasto en subvenciones.
Propuestas del sector productivo
En paralelo, representantes del sector agroindustrial retomaron el pedido de libre importación de diésel durante una mesa de diálogo realizada en Santa Cruz con autoridades del área económica y productiva, que pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima semana.
El presidente del Comité de Defensa del Productor de Santa Cruz (Codepro), Edward Condo, sostuvo que el sector podría importar combustible a un costo de entre Bs 7 y Bs 7,50 por litro, por debajo del precio oficial de Bs 9,80 establecido por el Gobierno.
Las autoridades y productores acordaron conformar mesas técnicas para analizar la viabilidad de la propuesta, especialmente para apoyar a los pequeños productores que no pueden absorber el incremento. También se discutió la eliminación de las tarjetas B-SISA como requisito para acceder al diésel, una medida que aún debe reglamentarse.
Finalmente, el agro cruceño solicitó la liberación de las exportaciones de soya, siguiendo el camino ya aplicado a productos como el maíz, el sorgo, el azúcar y la carne de res. Aunque reconoció que el decreto puede ajustarse, el ministro Espinoza descartó dar marcha atrás y reafirmó la disposición del Gobierno a continuar el diálogo. (El Deber)