El Gobierno boliviano ha intensificado las medidas de seguridad en el sector energético con el despliegue de 1.500 efectivos militares en 16 plantas estratégicas de YPFB, distribuidas en las principales ciudades del país. La acción tiene como objetivo principal proteger las instalaciones de posibles actos de sabotaje y asegurar que la calidad del combustible que llega a los bolivianos no se vea comprometida.
El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, explicó que esta operación forma parte del plan denominado “San Alberto”, que se ejecuta con tropas especiales, oficiales profesionales y soldados preparados para garantizar la seguridad de los recursos energéticos del país. Según Salinas, la medida busca prevenir incidentes que puedan afectar la producción, almacenamiento o distribución del combustible, asegurando que no se repitan situaciones de sabotaje denunciadas recientemente por las autoridades.
La decisión responde a una instrucción directa del presidente Rodrigo Paz, quien señaló que los problemas de calidad de la gasolina registrados en los últimos días son producto de “acciones deliberadas de sabotaje” dentro de la estatal petrolera. El mandatario ordenó un resguardo militar completo en las plantas de YPFB para proteger los intereses de los bolivianos y garantizar la estabilidad del suministro.
Salinas recordó que la Constitución Política del Estado establece que las Fuerzas Armadas tienen la misión de proteger empresas estratégicas, por lo que la operación es completamente legal y se realiza en coordinación con las autoridades de YPFB. El despliegue incluye no solo la vigilancia de las instalaciones, sino también el análisis de extender el resguardo a los camiones cisterna que transportan el combustible hacia las estaciones de servicio, reforzando la seguridad de toda la cadena de distribución.
El ministro indicó que la medida se mantendrá por el tiempo que sea necesario, hasta que se eliminen los riesgos de sabotaje y se asegure la estabilidad del abastecimiento. Según las autoridades, esta estrategia no solo protege la infraestructura física, sino que también busca generar confianza en la ciudadanía y en los transportistas que dependen del combustible para sus actividades diarias.
Con esta acción, Bolivia refuerza su soberanía energética y demuestra un compromiso firme con la transparencia y la seguridad en el sector de hidrocarburos. Las autoridades aseguraron que todas las medidas se aplicarán con total control, buscando evitar privilegios y garantizando que la protección de los recursos estratégicos beneficie a todos los bolivianos por igual.
El despliegue militar en YPFB refleja un esfuerzo coordinado entre Defensa y la estatal petrolera para enfrentar cualquier amenaza interna o externa, fortaleciendo la capacidad del país para mantener un suministro confiable y seguro de combustible, esencial para la economía y el bienestar de la población. (La Razón)