Mauricio Aramayo, colaborador cercano del presidente Rodrigo Paz y coordinador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en Tarija, fue asesinado la noche del jueves 8 de enero en un hecho que ha generado conmoción política y social en Bolivia. La vocera presidencial, Carla Faval, aseguró que Aramayo ya había recibido amenazas de muerte por negarse a participar en actos de corrupción dentro del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).
Según Faval, Aramayo enfrentó a mafias vinculadas a irregularidades en la institución y defendió la legalidad pese a los riesgos. “Fue un servidor público recto e íntegro que pagó con su vida por hacer lo correcto. Hoy esa valentía nos duele profundamente”, declaró la vocera, destacando que el caso no puede quedar impune y exigiendo investigaciones exhaustivas.
El crimen ocurrió alrededor de las 21:00 horas en la avenida Domingo Paz y calle Ramón Rojas, en el barrio El Molino de la ciudad de Tarija. Reportes preliminares indican que dos personas a bordo de una motocicleta interceptaron a Aramayo y le dispararon a quemarropa, para luego huir con rumbo desconocido. La víctima fue trasladada de inmediato al hospital San Juan de Dios, pero falleció durante el trayecto debido a la gravedad de las heridas.
Tras el asesinato, la Policía Boliviana desplegó unidades especializadas, acordonó la zona y comenzó la revisión de cámaras de seguridad para identificar a los autores materiales. La Fiscalía anunció que el caso será investigado como un asesinato vinculado a la función pública y posibles delitos de corrupción, aunque aún no se ha determinado la identidad de los responsables.
El asesinato de Aramayo ha generado un fuerte impacto en la comunidad política y social de Tarija y del país. Miembros del PDC expresaron su consternación y condenaron la violencia que pone en riesgo a los servidores públicos que luchan contra la corrupción. Líderes de otras fuerzas políticas también se sumaron a los pedidos de justicia y recordaron la importancia de garantizar la protección de los funcionarios estatales frente a amenazas relacionadas con su labor institucional.
Aramayo, de 42 años, tenía una trayectoria destacada tanto en el ámbito político como en la gestión pública. Como coordinador del PDC en Tarija, participaba activamente en campañas de fiscalización y transparencia, y era conocido por su compromiso con la legalidad y la lucha contra la corrupción. En el Senasag, institución responsable de garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria, Aramayo se había negado a ceder ante solicitudes de coimas por parte de intermediarios y actores con intereses ilícitos, lo que habría generado el conflicto que derivó en su asesinato.
El hecho también pone de relieve la vulnerabilidad de los servidores públicos en Bolivia. Expertos en seguridad señalan que funcionarios que denuncian irregularidades en instituciones estatales enfrentan riesgos significativos, especialmente en áreas donde las redes de corrupción están consolidadas. En este contexto, la sociedad civil y organismos de control exigen medidas de protección efectivas para garantizar que quienes denuncian irregularidades no paguen con su vida.
El presidente Rodrigo Paz expresó su consternación por el crimen y anunció que el Gobierno hará todo lo posible para esclarecer los hechos. La vocera presidencial, Carla Faval, enfatizó que la lucha contra la corrupción no puede seguir cobrando vidas y pidió que el caso sirva de alerta sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y protección dentro de las instituciones públicas.
Además del impacto político, el asesinato de Aramayo ha generado reacciones en la ciudadanía, especialmente entre quienes conocen su trabajo en la defensa de la transparencia y la legalidad. Diversos sectores sociales convocaron a una vigilia en Tarija para rendir homenaje al dirigente y exigir justicia, recordando la importancia de proteger a los servidores públicos comprometidos con la ética y la integridad.
Mientras avanzan las investigaciones, queda claro que el asesinato de Mauricio Aramayo no solo es un atentado contra una persona, sino también un golpe a la institucionalidad y a los esfuerzos por erradicar la corrupción en Bolivia. Autoridades locales y nacionales han asegurado que no descansarán hasta identificar y sancionar a los responsables, y han llamado a la sociedad a mantenerse vigilante y apoyar a quienes trabajan de manera íntegra dentro del Estado.
El caso también ha reabierto el debate sobre la corrupción en instituciones estatales, en particular en organismos como el Senasag, donde denuncias previas habían señalado irregularidades en licencias, permisos y controles sanitarios. La sociedad exige que estas denuncias sean investigadas con transparencia y que se implemente un sistema de protección para que los funcionarios puedan actuar sin temor a represalias. (Red Uno)