La Policía aprehendió este jueves al exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Bladimir Iraizos, en el marco de una investigación por la presunta compra irregular de tuberías de origen chino que habría ocasionado un daño económico millonario al Estado. Iraizos, quien ejerció como gerente interventor entre 2021 y 2023, es investigado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, tras la adquisición de materiales que, según las auditorías internas de Epsas, no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Henry Pinto, informó que la denuncia se originó a partir de una auditoría realizada por la propia Epsas, la cual detectó presuntas irregularidades en el proceso de compra. Las evaluaciones preliminares estiman un daño económico de al menos 10 millones de bolivianos, aunque algunos informes elevan el monto hasta 15 millones, lo que resalta la magnitud del posible perjuicio al patrimonio público.
La orden de aprehensión contra Iraizos fue emitida por el fiscal del caso luego de que el exinterventor no se presentara a declarar de manera voluntaria. Según los reportes, la captura pudo haberse ejecutado en vía pública o en su domicilio; tras ser aprehendido, Iraizos fue trasladado a dependencias de la FELCC, donde permanece a la espera de definirse su situación jurídica.
En el marco de la investigación también figuran otros exinterventores de Epsas, Alfredo Ayala Fernández y Jaime Gutiérrez, quienes deberán declarar para esclarecer su participación o posibles responsabilidades en el proceso de adquisición de las tuberías. La Fiscalía y la FELCC mantienen la investigación abierta, con el objetivo de determinar con precisión la cuantía del daño económico y establecer responsabilidades legales.
Este caso pone de relieve la importancia de los controles internos y auditorías en las instituciones públicas para prevenir compras irregulares que puedan afectar los recursos estatales. Además, evidencia el impacto que decisiones administrativas cuestionables pueden tener en sectores estratégicos como el suministro de agua y saneamiento, donde los materiales y equipos adquiridos deben cumplir estrictamente con normas técnicas para garantizar la calidad y seguridad de los servicios.
Las autoridades anunciaron que continuarán con las diligencias, incluyendo la revisión de contratos, facturas y registros de compra, así como la declaración de testigos y responsables administrativos, para asegurar que se identifiquen a todos los implicados y se determine la extensión del presunto daño económico. La aprehensión de Bladimir Iraizos marca un avance significativo en la investigación y subraya la determinación del Estado de sancionar posibles irregularidades en la gestión de empresas públicas. (La Razón)